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Press Release on health-related topics.

Las muertes a causa de sobredosis por drogas y alcohol disminuyen a nivel país, pero el avance es desigual entre los grupos poblacionales y está en riesgo por los recortes en los programas sanitarios a nivel federal

¿Cómo se puede mantener y ampliar el avance para todas las comunidades?

(Washington, D.C., 28 de mayo de 2025). Las muertes a causa de sobredosis por drogas y abuso de alcohol disminuyeron en los Estados Unidos en 2023, según datos de los Centros para el control y prevención de enfermedades (CDC) y de los últimos datos provisorios publicados por los CDC en 2024, en donde que estima una baja sin precedentes del 27 % en un año en las muertes por sobredosis. Estas disminuciones son alentadoras y probablemente se relacionaron con una serie de factores, entre los que se incluyen las inversiones en prevención primaria, la salud mental, la reducción de riesgos y los programas de prevención de sobredosis. No obstante, los recortes presupuestarios actuales y propuestos a nivel federal, la reducción de la fuerza laboral de la salud pública y la reorganización propuesta de las agencias federales probablemente perjudiquen este avance, según un nuevo informe.

El informe Pain in the Nation 2025: the Epidemics of Alcohol, Drug, and Suicide Deaths (Dolor en el país 2025: la epidemia de muertes por alcohol, drogas y suicidio), que hoy publica Trust for America’s Health, expone que la cantidad conjunta de decesos a causa del alcohol, las drogas y los suicidios en los Estados Unidos disminuyeron en 2023 por segundo año consecutivo, tras dos décadas en las cuales tales decesos aumentaban a un ritmo alarmante. Aun así, más de 200.000 estadounidenses murieron a causa de sobredosis por alcohol, drogas o suicidio en 2023, el doble de la tasa por tales causas de muerte de hace 20 años atrás.

Estos nuevos datos ponen de manifiesto el valor de la inversión en salud mental y en los programas de prevención de consumo de sustancias como, por ejemplo, garantizar el acceso a los servicios correspondientes de salud mental, trastorno por consumo de sustancias e intervención por crisis, acceso a medicamentos que revierten la sobredosis, y la inversión en la salud mental y la resiliencia de los niños. No obstante, en los datos también se observa que se necesita hacer mucho más para garantizar que el avance contra las muertes a causa del alcohol, las drogas y el suicidio se mantengan, además de que las disminuciones logradas respecto a tales decesos están produciéndose en cada una de las comunidades y entre todos los grupos poblacionales.

“Los datos demuestran que en las décadas de inversión y desarrollo de capacidades con respecto a la prevención del consumo de sustancias, los programas de reducción de riesgos y los servicios de salud mental ayudaron a disminuir las muertes relacionadas con este flagelo. Actualmente, el desafío consiste en basarse en estas inversiones y mantener este avance. Con estos programas se salvan vidas, y no se debería recortar su financiamiento”, declaró Nadine Gracia, M.D., MSCE, presidenta y directora general de Trust for America’s Health.

 

Las tasas de sobredosis por drogas disminuyen, pero aún estamos en niveles trágicos.

En 2023, 105.007 estadounidenses en todo el país murieron a causa de sobredosis por drogas. Tras los aumentos precipitados en la tasa de muertes por sobredosis en 2020 y en 2021, la tasa general de mortalidad por sobredosis en 2022 no se modificó prácticamente y la tasa de mortalidad en 2023 fue un 4 por ciento menor. Los datos de mortalidad provisorios durante 2024 indican una disminución sin precedentes en un año del 27 por ciento en las muertes por sobredosis a nivel nacional. Se observaron en siete estados (Luisiana, Michigan, New Hampshire, Ohio, Virginia, West Virginia, y Wisconsin) y en Washington D.C. las disminuciones más importantes al tener bajas del 35 por ciento o más en muertes por sobredosis durante el año.

Según expertos en salud pública, los sistemas de datos mejorados que permiten hacer un seguimiento en tiempo real del consumo de sustancias y sus efectos, la ampliación y la eficacia de estrategias de prevención de sobredosis como los programas que garantizan el acceso a la naloxona y a la buprenorfina, o herramientas de control de drogas, tuvieron en conjunto un papel importante en la baja de las tasas de mortalidad.

No obstante, la mejora no fue uniforme en todos los grupos poblacionales ni regiones del país. En 2023, la población blanca fue el único grupo poblacional que tuvo una disminución estadísticamente significativa con respecto a las muertes por sobredosis de drogas; otros grupos poblacionales tuvieron cambios poco significativos o aumentos. Las tasas de muerte por sobredosis de drogas en 2023 fueron las más altas en los grupos poblacionales indoamericano y nativos de Alaska (AI/AN) (65 muertes por cada 100.000 habitantes), en adultos de 35 a 54 años (57,3 muertes por cada 100.000 habitantes), en la población de color (48,5 muertes por cada 100.000 habitantes), y en los hombres (45,6 muertes por cada 100.000 habitantes).

Disminución de las muertes inducidas por el alcohol

En 2023, 47.938 estadounidenses murieron por causas inducidas por el alcohol. La tasa general de mortalidad inducida por el alcohol ajustada por edad disminuyó en un 7 por ciento de 2022 a 2023 (de 13,5 a 12,6 muertes por cada 100.000 habitantes). Esta reducción se acumuló a un 6 por ciento de disminución del año anterior y atravesó a casi todos los grupos demográficos y geográficos, aunque dichas muertes aún afectan de manera desproporcionada a determinados grupos. Las tasas de muerte inducidas por el alcohol en 2023 fueron las más altas en los grupos poblacionales IA/NA (61,5 muertes por cada 100.000 habitantes), en adultos de 55 a 74 años (32,5 muertes por cada 100.000 habitantes), en adultos de 35 a 54 años (20,2 muertes por cada 100.000 habitantes), y en los hombres (18,1 muertes por cada 100.000 habitantes).

Sin cambios en las muertes por suicidio

La tasa de mortalidad general por suicidio en los Estados Unidos sigue prácticamente igual de 2022 a 2023 (14,2 y 14,1 muertes por cada 100.000 habitantes, respectivamente). En 2023, 49.316 estadounidenses murieron por causas del suicidio. Las tasas de muerte por suicidio ajustada por edad en 2023 fueron las más altas en los grupos poblacionales AI/AN (23,8 muertes por cada 100.000 habitantes), en los hombres (22,7 muertes por cada 100.000 habitantes), y en los adultos de 75 años o más (20,3 muertes por cada 100.000 habitantes).

La cancelación de presupuestos y los recortes futuros en los programas de prevención costarán vidas

Si bien con estos datos se demuestran avances reales, la comunidad de la salud pública se encuentra unida en esta preocupación con respecto a los cambios en los avances debido a los recortes en la inversión federal relacionados con la promoción de la salud, la intervención en situaciones de crisis y los programas de prevención de sobredosis. Por ejemplo, el personal y la financiación del Centro de Lesiones de los CDC sufrieron una reducción drástica y se ha propuesto eliminar al Centro en la solicitud de presupuesto del gobierno para el año fiscal 2026. El Centro de Lesiones lleva a cabo investigaciones y recopila datos. Aproximadamente, el 80 por ciento de su financiación se destina a los estados y demás entidades para la prevención de sobredosis, suicidios y experiencias infantiles negativas (ACE).

Asimismo, la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) ha sufrido importantes reducciones en su dotación de personal, lo que incluyó personal que trabajaba en la Línea 988 de atención al suicidio y situaciones de crisis y un potencial recorte de presupuesto de 1,07 mil millones para el año fiscal 2026. El gobierno propuso incorporar a los programas que queden de la SAMHSA y del Centro de Lesiones en la nueva Administración para unos Estados Unidos Saludables. Estas acciones siguieron a la recuperación del gobierno de miles de millones de dólares de financiación a la salud pública que ya estaban en marcha en los estado y comunidades de todo el país, incluida la prevención del suicidio.

En el informe Pain in the Nation, se llama a una inversión constante en los programas de prevención y reducción de riesgos y se incluyen recomendaciones sobre medidas que los representantes políticos a nivel federal y estatal deberían tomar, entre las que se incluyen:

  • Proteger y apoyar las inversiones en los sistemas de salud pública y conductual y en programas de prevención de lesiones y violencia a fin de mejorar la salud mental y el bienestar de todos los ciudadanos de los Estados Unidos;
  • Seguir mejorando los sistemas de datos, como Datos de sobredosis para la acción de los CDC, para hacer el seguimiento de las tendencias emergentes según las métricas geográficas, demográficas y por tipo de droga con el fin de orientar las respuestas a nivel local, estatal y nacional y prevenir casos de sobredosis y muertes en tiempo real;
  • Enfocarse en las causas subyacentes de los trastornos por consumo de sustancias por medio de la intervención temprana y políticas de prevención incluidos los programas de ampliación de resiliencia y prevención de consumo de sustancias en las escuelas y aumento del acceso a servicios sociales y de salud mental para los niños y sus familias;
  • Maximizar las estrategias de reducción de riesgos y los tratamientos de trastornos por consumo de sustancias a fin de disminuir el riesgo de sobredosis, y dar apoyo a las iniciativas para limitar el acceso a medios fatales de suicidio;
  • Respaldar la continuidad de los programas de intervención de crisis y ampliar la dotación de personal para que brinde tratamiento de salud mental y por consumo de sustancias; Desarrollar la capacidad en la comunidad para garantizar el acceso a los servicios de salud mental y consumo de sustancias para todos los que necesiten estos servicios.

Lea el informe completo en: https://www.tfah.org/report-details/pain-in-the-nation-2025/

 

Trust for America’s Health es una organización sin fines de lucro no partidaria relacionada con políticas, investigación y defensa de la salud pública que fomenta la salud óptima para cada una de las personas y comunidades, y prioriza la prevención de enfermedades y lesiones a nivel nacional.

FY 26 Budget Reconciliation Proposal Threatens Americans’ Health and the Nation’s Economic Security

Statement from J. Nadine Gracia, M.D., MSCE, Trust for America’s Health President and CEO

(Washington, DC – May 15, 2024) The budget reconciliation legislation being considered in the House of Representatives would have detrimental consequences for the health and economic security of our country. Access to healthcare, nutrition, and clean air are essential to the health of every family and community and are being jeopardized by proposed program cuts.

The proposed budget savings in the bill would result in millions of Americans losing access to healthcare, including through Medicaid. The nonpartisan Congressional Budget Office estimates that the legislation would increase the number of uninsured people by at least 13.7 million by 2034 compared to the status quo — ultimately resulting in a 30 percent increase in the nation’s uninsured rate. This reversal would come after 15 years of progress in increasing coverage rates since the implementation of the Affordable Care Act.

These changes will lead to needless increased health risks for numerous population groups including children, older adults, people with disabilities, pregnant women, and people with behavioral health conditions. Taking away health insurance means fewer people have access to primary care and preventive services, such as cancer and blood pressure screenings. Preventable and manageable health conditions will lead to acute emergencies which will not only increase suffering but will also increase healthcare spending. Furthermore, additional healthcare facilities in rural areas will close due to higher rates of uncompensated care, and cuts to Medicaid will threaten access to pediatric care at children’s hospitals. More people will face medical bankruptcy. The costs of coverage losses are borne by all of us through higher individual payments and increased national spending on healthcare.

The legislation also would enact the largest cut to the Supplemental Nutrition Assistance (SNAP) program in history. Shifting additional benefit costs to states will lead to states either cutting program benefits or substantially limiting eligibility. Not only is SNAP a successful nutrition and food security program, it is also an effective anti-poverty program.

Finally, the bill would loosen pollution standards, eliminate block grants for communities to reduce pollution, and cut pollution monitoring programs while pulling back investments in clean energy. Air pollution is linked to stroke, aggravated asthma, and poor birth outcomes. The health-related spending from pollution and climate change is estimated to cost the U.S. $820 billion per year.

These cuts alone would bring more harm to the health and well-being of our nation, but when paired with the weakening of public health infrastructure due to recent federal budget and workforce reductions, they will lead to increased healthcare spending, higher individual healthcare costs, and worsening health. We urge all Representatives to vote no on this legislation and work in a bipartisan manner to assure the health of the nation.

 

Dr. J. Nadine Gracia on States Public Health Emergency Preparedness

(Washington DC – April 2025)

J. Nadine Garcia M.D. is a President and CEO for the Trust for America’s Health (TFAH) with one video in the C-SPAN Video Library; the first appearance was a 2025 call-in on TFAH’s release of the Pain in the Nation report.

Listen to the interview

Statement of J. Nadine Gracia, M.D., MSCE, President and CEO, Trust for America’s Health on HHS Reorganization, Reductions in Force, and Public Health Funding Cuts

(Washington, DC – April 4, 2025) – Trust for America’s Health, a nonpartisan, nonprofit public health policy, research, and advocacy organization, is deeply concerned about the announced reorganization of federal health agencies and the broad and immediate impact of reductions in force across the U.S. Department of Health and Human Services (HHS).  The impact of these actions will be heightened by the Administration’s decision to pull back public health funding already at work in states and local communities at a time when the country is experiencing infectious disease outbreaks, including measles cases in 20 jurisdictions and bird flu, rising rates of chronic disease, and devastating hurricanes, tornadoes, and wildfires.

Our serious concern is that these actions will negatively impact Americans’ health. Health that is now at greater risk due to what will be slower and less effective responses to disease outbreaks and environmental disasters, and fewer programs to surge public health and healthcare capacity in response to emergencies, ensure vaccine access, support mental health and prevent drug overdose, safeguard the food supply, and address the nation’s chronic disease crisis.

The federal government plays a critical role in securing the nation’s health through the work and expertise of numerous HHS agencies affected by these changes, such as the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the Food and Drug Administration (FDA), the National Institutes of Health (NIH), the Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), and the Office of the Assistant Secretary for Health (OASH). It also includes offices and institutes dedicated to addressing health disparities, such as my former office, the HHS Office of Minority Health whose statutory mission is to provide national leadership, resources, and coordination to improve the health of racial and ethnic minority populations and to eliminate health disparities.

Congress has long indicated its intent for federal agencies to undertake activities to protect and advance the nation’s health through authorizing and appropriations legislation. Fundamental changes impacting the Department’s ability to execute activities and programs directed by Congress should be made through a deliberate process involving Congress.

CDC’s comprehensive mission and expertise save lives. Congress has directed CDC to work on infectious and non-infectious diseases and conditions through authorizing legislation and appropriations bills. As an example, the bipartisan PREVENT Pandemics Act (P.L. 117-328) defined the obligations of the CDC Director to be “investigation, detection, identification, prevention, or control of diseases or conditions to preserve and improve public health domestically and globally and address injuries and occupational and environmental hazards.”  The reported loss of CDC’s staff expertise to prevent chronic disease, birth defects, injuries, environmental hazards, and other leading causes of death and disability will directly impact the ability of the Department to carry out these important activities.

Furthermore, about 80 percent of CDC’s domestic budget goes directly to states, localities, tribal organizations, community and faith-based organizations, universities, healthcare systems, and other partners. When emergencies happen, the expertise of CDC staff and the funding and technical assistance CDC provides to state and local health departments are critical to waging an effective response. That was the case when Hurricane Helene hit North Carolina and Tennessee, during the East Palestine, Ohio train derailment, and the Los Angeles area wildfires. Cuts to CDC make every community more vulnerable to health threats and would be particularly detrimental to local public health infrastructure in rural communities and other underserved areas.

Dozens of states have estimated their funding losses based on the announced claw-back of pandemic era funding, funding intended to help states not only protect against COVID-19 infections but also build their disease detection infrastructure to protect residents during future health emergencies. The abrupt cancellation of these funds is impacting critical on-the-ground health protection activities, including bird flu testing, measles vaccinations, the electronic data systems that make the sharing of information between healthcare facilities and public health agencies more timely and efficient, public health laboratory modernization, bioterrorism preparedness, and programs to support mental health and prevent suicide and substance misuse. These cuts won’t only be felt in Washington, DC, or Atlanta—the Texas Department of State Health Services is losing nearly $877 million in funding, including staff and laboratories that are critical to its measles response. The Arkansas Department of Health, Human Services, and Education reports that it lost over $179 million in federal funding. Colorado reports losing more than $230 million, Illinois reports losing more than $400 million, Michigan reports losing more than $390 million, and Minnesota will lose approximately $200 million.

TFAH is dedicated to improving the nation’s health. The Administration’s goal of lowering rates of chronic disease in the U.S. is an important one. We want to work with the Administration and Congress on implementing evidence-based solutions to preventing and addressing chronic disease and other health challenges facing the country, as outlined in our Blueprint for Strengthening Public Health for the New Administration and Congress report. Our immediate appeal to federal policymakers, including Secretary Kennedy, is to not dismantle the nation’s health promotion infrastructure without careful review and input from Congress and health experts on how to make systems more effective and efficient while also adhering to the foundational ethos of medicine: first, do no harm.

Trust for America’s Health is a nonprofit, nonpartisan public health policy, research, and advocacy organization that promotes optimal health for every person and community and makes the prevention of illness and injury a national priority.

 

New Report Measures States’ Preparedness for Public Health Emergencies, Including Infectious Disease Outbreaks and Extreme Weather Events

Special Feature Examines the Threat of H5N1 Bird Flu and How to Guard Against Its Spread

(Washington, DC – March 27, 2025) – A new report assessing national and state preparedness to protect residents’ health during emergencies found that 29 states placed in the middle or low-performance tier for emergency preparedness, and that all states can do more to strengthen their readiness.

During 2024, the nation experienced a significant number of public health emergencies, ranging from infectious disease outbreaks to weather-related disasters. These emergencies demonstrate the urgent need for sustained investment in public health infrastructure and emergency preparedness, both of which are critical to the nation’s overall health and national and economic security.

Ready or Not 2025: Protecting the Public’s Health from Diseases, Disasters, and Bioterrorism, released today by Trust for America’s Health (TFAH), measures states’ readiness for a range of health emergencies based on 10 indicators, including healthcare system readiness, state public health funding, public health laboratory surge capacity, employee access to paid time off, and community water system safety.

The report, now in its 22nd year of publication, places states and the District of Columbia into three performance tiers for emergency preparedness. This year’s report placed 21 states and DC in the high-performance tier, 16 states in the middle-performance tier, and 13 states in the low-performance tier.

Table 2: State Public Health Emergency Preparedness
State Performance, by scoring tier, 2024
Performance Tier States Number of States
High Tier CO, CT, DC, DE, FL, GA, ID, MA, MD, ME, MO, NC, NH, NJ, OH, PA, RI, UT, VA, VT, WA, WI 21 states and DC
Medium Tier AL, AR, AZ, CA, IA, IL, IN, KS, KY, ND, NE, NY, OK, SC, TN, TX 16 states
Low Tier AK, HI, LA, MI, MN, MS, MT, NV, NM, OR, SD, WV, WY 13 states

 

The report provides federal, state, and local policymakers and health officials with benchmarks and policy recommendations that outline how jurisdictions can strengthen their emergency preparedness.

“Strengthening communities for public health emergencies requires sustained investment, planning, and multi-sector cooperation,” said J. Nadine Gracia, M.D., MSCE, President and CEO of Trust for America’s Health. “Recent public health emergencies, from measles and tuberculosis outbreaks to wildfires and extreme heat, demonstrate the need for consistent investment in public health infrastructure and workforce and programs that support health in every community – because a healthy community will be more resilient when emergencies happen.”

The report includes a special feature on H5N1 bird flu, including recommendations from public health experts on steps the country should take to protect against the outbreak evolving into a pandemic. The feature discusses the importance of extensive testing programs and collaborative efforts including ways in which public health officials are working with partners in the agriculture and veterinary medicine sectors to control the outbreak.

New to the report this year is a performance indicator measuring avoidable mortality—deaths caused by preventable or treatable conditions. This indicator measures deaths before age 75 that could be prevented through effective public health measures or averted with timely healthcare interventions. Higher rates of avoidable mortality indicate gaps in public health and healthcare systems, which can weaken a community’s ability to respond to and recover from public health emergencies.

Overall, the report finds areas of strength and areas for improvement.

Areas of strong performance include:

  • Nurse Licensure Compact: More states have adopted the nurse licensure compact that allows nurses to work in any member state with a single multistate license. The compact is a tool for enabling healthcare facilities to surge nursing staff during an emergency. As of January 2025, 41 states belong to the nurse licensure compact, an increase from the previous year.
  • Public Health and Emergency Management Accreditation: Most states have achieved accreditation through the Public Health Accreditation Board (PHAB) and/or the Emergency Management Accreditation Program (EMAP). Accreditation helps agencies strengthen emergency readiness by fostering continuous improvement, establishing clear governance structures, and enhancing coordination. Accredited states also benefit from well-defined processes and robust monitoring and evaluation systems—key factors in effectively responding to public health emergencies and disasters.
  • Water Safety: In most states, 95 percent of households get their water from a municipal water system that did not have any water safety violations.

Areas for improvement include:

  • Avoidable Mortality: Avoidable mortality—deaths from preventable or treatable causes—varies widely across the country, reflecting differences in healthcare access, public health infrastructure, and underlying social and economic factors. Some states have significantly lower rates of avoidable deaths, while others face persistently high burdens. Geographic disparities are evident, with avoidable mortality rates highest in parts of the Southeast and Appalachia. Some states in the Great Plains and Mountain West also experience high rates. In contrast, states in the Northeast and Upper Midwest generally have lower rates. Additionally, Black and American Indian/Alaska Native populations frequently experience the highest rates of avoidable deaths, often due to barriers to good health within their communities. These disparities underscore the importance of ensuring that all residents have access to effective public health and healthcare services.
  • State Public Health Funding: Fourteen states reduced public health funding in FY 2024, three more than the eleven that reduced funding in FY 2023. The reduction may be related to the loss of COVID-19 response funding but is important to track particularly as states are also facing reductions in federal health and emergency preparedness funding.
  • Limited Access to Paid Time Off: On average, only about half of workers in each state used some form of paid time off during a given month. Access to paid time off allows people to avoid spreading illness in the workplace. Employers who provide employees with paid sick leave are not only helping to control the spread of infections within their community, they are also supporting their business stability and helping to safeguard the local economy.
  • Low Flu Vaccination Rates: Too few people are vaccinated against seasonal flu. During the 2023 – 2024 flu season only 47 percent of the population (ages six months and older) were vaccinated against the flu, down from the previous year and well short of the 70 percent goal established by Healthy People 2030. Improving flu vaccination rates can protect health, particularly for people at higher risk of serious flu outcomes and can reduce demand on the healthcare system. Improved rates also help guard against the potential for significant economic toll of a severe flu outbreak due to higher healthcare costs and lost business productivity.

Recommendations for Improving Emergency Preparedness:

  • Provide stable, sufficient funding for public health capabilities, including Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) public health emergency preparedness funds that go to states, territories, and localities, and continue to modernize health data systems to improve detection of new threats.
  • Reauthorize the Pandemic and All-Hazards Preparedness Act (PAHPA) to improve the nation’s readiness to manage a spectrum of health threats.
  • Prevent and respond to infectious disease threats by funding CDC’s National Immunization Program and Antimicrobial Resistance Solutions Initiative.
  • Reduce health disparities in the impact of emergencies by improving demographic data collection and reporting and by targeting health investments where they are most needed. Community readiness can also be improved by engaging populations that are disproportionately impacted into the emergency planning process.
  • Accelerate the development and stockpiling of vaccines, therapeutic medicine, and diagnostic testing for faster distribution during emergencies.
  • Ensure healthcare system readiness through increased cross-state credentialing for nurses and other healthcare professionals and by fortifying the Administration for Strategic Preparedness and Response’s Health Care Readiness program.
  • Expand and fully fund CDC’s initiatives to address extreme weather and other environmental threats.

Read the full report

Trust for America’s Health is a nonprofit, nonpartisan public health policy, research, and advocacy organization that promotes optimal health for every person and community and makes the prevention of illness and injury a national priority.

Un nuevo informe mide la preparación de los estados ante emergencias de salud pública, incluidos brotes de enfermedades infecciosas y fenómenos meteorológicos extremos

Un artículo especial examina la amenaza de la gripe aviar H5N1 y cómo protegerse contra su propagación

(Washington, DC, 27 de marzo de 2025): Un nuevo informe que evalúa la preparación nacional y estatal para proteger la salud de los residentes durante emergencias ha revelado que 29 estados se sitúan en un nivel medio o bajo de rendimiento en cuanto a preparación ante emergencias, y que todos los estados pueden hacer más para reforzar su preparación.

Durante 2024, el país experimentó un número significativo de emergencias de salud pública, desde brotes de enfermedades infecciosas hasta desastres climáticos. Estas emergencias demuestran la urgente necesidad de una inversión sostenida en infraestructura de salud pública y preparación para emergencias, ambos aspectos cruciales para la salud general y la seguridad nacional y económica del país.

Ready or Not 2025: Protecting the Public’s Health from Diseases, Disasters, and Bioterrorism, publicado hoy por Trust for America’s Health (TFAH), mide el nivel de preparación de los estados ante una variedad de emergencias sanitarias basándose en 10 indicadores, entre ellos, la preparación del sistema de salud, la financiación estatal de salud pública, la capacidad de los laboratorios de salud pública de responder ante emergencias, el acceso de los empleados a tiempo libre remunerado y la seguridad del sistema de agua comunitario.

El informe, que se publica desde hace 22 años, clasifica a los estados y al Distrito de Columbia en tres niveles de desempeño en materia de preparación ante emergencias. El informe de este año clasificó a 21 estados y al Distrito de Columbia en el nivel de alto desempeño; a 16 estados, en el nivel de desempeño medio; y a 13 estados, en el nivel de bajo desempeño.

Nivel de alto desempeño: 21 estados y el Distrito de Columbia

CO, CT, DC, DE, FL, GA, ID, MA, MD, ME, MO, NC, NH, NJ, OH, PA, RI, UT, VA, VT, WA, WI

Nivel de desempeño medio: 16 estados

AL, AR, AZ, CA, IA, IL, IN, KS, KY, ND, NE, NY, OK, SC, TN, TX

Nivel de bajo desempeño: 13 estados

AK, HI, LA, MI, MN, MS, MT, NV, NM, OR, SD, WV, WY

El informe ofrece a los responsables de formular políticas y a los funcionarios de salud federales, estatales y locales parámetros de referencia y recomendaciones de políticas que delinean cómo las jurisdicciones pueden fortalecer su preparación para emergencias.

“Fortalecer a las comunidades en situaciones de emergencia de salud pública requiere de inversión sostenida, planificación y cooperación multisectorial”, afirmó la Dra. J. Nadine Gracia, máster en ciencias de epidemiología clínica, presidenta y directora ejecutiva de Trust for America’s Health. “Las recientes emergencias de salud pública, desde brotes de sarampión y tuberculosis hasta incendios forestales y calor extremo, demuestran la necesidad de una inversión constante en infraestructura y personal de salud pública, así como en programas que apoyen la salud en todas las comunidades, ya que una comunidad sana será más resiliente cuando se presenten emergencias”.

El informe incluye un artículo especial sobre la gripe aviar H5N1, con recomendaciones de expertos en salud pública sobre las medidas que el país debería tomar para evitar que el brote se convierta en una pandemia. Este artículo analiza la importancia de los programas de pruebas exhaustivas y los esfuerzos de colaboración, incluidas las formas en que los funcionarios de salud pública están trabajando con socios en los sectores agrícola y veterinario para controlar el brote.

Una novedad en el informe de este año es un indicador de desempeño que mide la mortalidad evitable (muertes causadas por afecciones prevenibles o tratables). Este indicador mide las muertes antes de los 75 años que podrían prevenirse con medidas eficaces de salud pública o evitarse con intervenciones sanitarias oportunas. Tasas más altas de mortalidad evitable son indicativas de deficiencias en los sistemas de salud pública y de atención médica, lo que puede debilitar la capacidad de una comunidad de responder y recuperarse de las emergencias de salud pública.

En general, el informe identifica áreas de fortaleza y áreas de mejora.

Las áreas de desempeño destacado incluyen:

  • Pacto para la licencia de enfermería: Más estados han adoptado el pacto para la licencia de enfermería, que permite a los enfermeros trabajar en cualquier estado miembro con una única licencia multiestatal. El pacto es una herramienta que permite a los centros de salud aumentar el personal de enfermería durante una emergencia. A partir de enero, 41 estados pertenecían al pacto para la licencia de enfermería, lo que representa un aumento respecto del año anterior.
  • Acreditación en salud pública y gestión de emergencias: La mayoría de los estados han obtenido la acreditación a través de la Junta de Acreditación de Salud Pública (PHAB) o el Programa de Acreditación para la Gestión de Emergencias (EMAP). La acreditación ayuda a las agencias a fortalecer su preparación para emergencias, ya que promueve la mejora continua, establece estructuras de gobernanza claras y mejora la coordinación. Los estados acreditados también se benefician de procesos bien definidos y sistemas sólidos de monitoreo y evaluación —factores clave para responder eficazmente ante emergencias y desastres de salud pública.
  • Seguridad del agua: En la mayoría de los estados, el 95 % de los hogares obtiene agua de un sistema municipal que no presenta ninguna infracción de seguridad hídrica.

Las áreas de mejora incluyen:

  • Mortalidad evitable: La mortalidad evitable (muertes por causas prevenibles o tratables) varía ampliamente en todo el país, lo que refleja las diferencias en el acceso a la atención médica, la infraestructura de salud pública y los factores sociales y económicos subyacentes. Algunos estados tienen tasas significativamente más bajas de muertes evitables, mientras que otros enfrentan cargas persistentemente altas. Las disparidades geográficas son evidentes, con las tasas de mortalidad evitable más altas en partes del sureste y los Apalaches. Algunos estados de las Grandes Llanuras y las Montañas del Oeste también experimentan tasas altas. En cambio, los estados del noreste y el Alto Medio Oeste generalmente tienen tasas más bajas. Además, las poblaciones negras e indígenas estadounidenses/nativas de Alaska con frecuencia experimentan las tasas más altas de muertes evitables, a menudo debido a las barreras para acceder a una buena salud en sus comunidades. Estas disparidades subrayan la importancia de garantizar que todos los residentes tengan acceso a servicios de salud pública y atención médica eficaces.
  • Financiamiento estatal de la salud pública: Catorce estados redujeron el financiamiento de la salud pública en el año fiscal 2024, tres más que los once que lo hicieron en el año fiscal 2023. Esta reducción puede estar relacionada con la pérdida de fondos para la respuesta al COVID-19, pero es importante hacer seguimiento de esto, especialmente porque los estados también enfrentan recortes en los fondos federales destinados a la salud y la preparación ante emergencias.
  • Acceso limitado a tiempo libre remunerado: En promedio, solo la mitad de los trabajadores en cada estado utilizaron algún tipo de tiempo libre remunerado durante un mes determinado. El acceso a tiempo libre remunerado permite a las personas evitar la propagación de enfermedades en el lugar de trabajo. Los empleadores que ofrecen a sus empleados licencia por enfermedad remunerada no solo ayudan a controlar la propagación de infecciones en su comunidad, sino que también apoyan la estabilidad de su negocio y contribuyen a salvaguardar la economía local.
  • Bajas tasas de vacunación contra la gripe: Muy pocas personas se vacunan contra la gripe estacional. Durante la temporada de gripe 2023-2024, solo el 47 % de la población (de seis meses o más) se vacunó contra la gripe, una cifra inferior a la del año anterior y muy por debajo del objetivo del 70 % establecido por Healthy People 2030. Mejorar las tasas de vacunación contra la gripe puede proteger la salud, en particular la de las personas con mayor riesgo de sufrir desenlaces graves a causa de la gripe, y puede reducir la demanda del sistema sanitario. Mejorar las tasas también ayuda a prevenir el posible impacto económico significativo de un brote grave de gripe debido al aumento de los costos de atención médica y la pérdida de productividad empresarial.

Recomendaciones para mejorar la preparación ante emergencias:

  • Proporcionar financiación estable y suficiente para las capacidades de salud pública, incluidos los fondos de preparación para emergencias de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que se destinan a estados, territorios y localidades, y continuar modernizando los sistemas de datos de salud para mejorar la detección de nuevas amenazas.
  • Reautorizar la Ley de Preparación para Pandemias y Todo Tipo de Peligros (PAHPA) con el fin de mejorar la preparación del país para gestionar diversas amenazas a la salud.
  • Prevenir y responder a las amenazas de enfermedades infecciosas financiando el Programa Nacional de Inmunización y la Iniciativa de Soluciones para la Resistencia a los Antimicrobianos de los CDC.
  • Reducir las disparidades de la salud en el impacto de las emergencias mejorando la recopilación y la presentación de datos demográficos y dirigiendo las inversiones en salud donde más se necesitan. La preparación comunitaria también puede mejorarse involucrando a las poblaciones que resultan afectadas de manera desproporcionada en el proceso de planificación para emergencias.
  • Acelerar el desarrollo y el almacenamiento de vacunas, medicamentos terapéuticos y pruebas de diagnóstico para una distribución más rápida durante las emergencias.
  • Garantizar la preparación del sistema de salud aumentando la acreditación interestatal de enfermeras y otros profesionales de la salud y fortaleciendo el programa de Preparación para la Atención Médica de la Administración de Preparación y Respuesta Estratégicas.
  • Ampliar y financiar completamente las iniciativas de los CDC para abordar las amenazas climáticas extremas y otras amenazas ambientales.

Lea el informe completo

Trust for America’s Health es una organización de políticas de salud pública, investigación y defensoría sin fines de lucro y no partidista que promueve la salud óptima para todas las personas y comunidades, y hace de la prevención de enfermedades y lesiones una prioridad nacional.

Advocates bracing for battles over funding for public health programs

The Nation’s Health
(Washington DC – March 20, 2025)

Public health faces a tough funding climate in Congress this year, especially under a presidential administration with a history of supporting large funding cuts for key health agencies.

During President Donald Trump’s first term, the U.S. Department of Health and Human Services and its agencies frequently landed on the chopping block. In 2017, his White House budget proposed cutting funds for the Centers for Disease Control and Prevention by 17%, or $1.2 billion. In 2019, his federal budget called for a 12% cut to overall HHS funding, including a $750 million cut to CDC.

Read the article

Over 50 Public Health Advocacy Organizations Support Robust Investment in CDC Suicide Prevention

(November 1, 2024 – Washington, DC)  – According to data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the number of suicides increased in 2022 to historic peak levels—over 49,000 deaths—after slight declines in 2019 and 2020. Suicide is the second leading cause of death among Americans between the ages of 10-14 and 25-34, and suicide rates increased by 36 percent between 2000 and 2021. The complex nature of suicide requires a comprehensive approach to prevention that focuses on disproportionately affected populations, uses data to understand risk factors associated with suicide in these groups, and applies the best available evidence to decrease risk and increase protective factors.

In a recent letter to key Congressional leaders, TFAH and the American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) led more than 50 public health advocacy organizations in urging increased investment in these approaches through the CDC Comprehensive Suicide Prevention Program (CSP). Established in 2020, the CSP currently funds 24 initiatives nationwide through cooperative agreements designed to implement and evaluate a comprehensive public health approach to suicide prevention, with a special focus on populations that are disproportionately affected by suicide. These CSP initiatives have led to significant benefits, including decreases in suicide rates and increased training, awareness, and data collection. For example, the veteran and servicemember population that CSP initiatives served saw a 6.5% reduction in suicide rates from 2019-2021.

As the letter explains, “[b]y promoting mental health awareness, encouraging early intervention, and supporting individuals in crisis, the CSP plays a pivotal role in addressing one of the most serious public health challenges of our time.” TFAH and AFSP urge Congressional leaders to provide robust funding for the CSP to save lives and foster hope for Americans in crisis.

The Nation’s Public Health System is at an Inflection Point

New Report Provides the Next Administration and Congress a Policy Roadmap for Improving the Nation’s Health, Economy, and National Security

(October 8, 2024 – Washington, DC) – The public health system—responsible for protecting and promoting health in every community— needs sustained investment, policy support, and protection from political interference, according to a new report released today by Trust for America’s Health.

The report, Pathway to a Healthier America: A Blueprint for Strengthening Public Health for the Next Administration and Congress, identifies six priority areas and includes policy recommendations that, if adopted, will improve health outcomes and bolster the nation’s economic and national security.

Americans are living longer, thanks in part to public health. Public health interventions, such as improved sanitation, enhanced vaccination access and stronger infectious disease control, improved nutrition, tobacco use prevention, and addressing preventable injury, were the largest contributing factors to life expectancy increases over the last century.

However, too many Americans are still suffering from preventable health problems. Over the last few decades, increasing rates of chronic diseases and alarming levels of substance use disorder and suicides threaten the public’s health. Furthermore, weather-related emergencies are occurring more frequently, and population-level health disparities persist.

Public health is at risk on several fronts. Underfunding has weakened the public health infrastructure and its workforce. Mis- and disinformation and politicization have contributed to distrust of public health officials and guidance. Public health’s ability to protect communities is also at risk due to proposed or enacted policies that undermine the role of public health officials or access to preventive healthcare.

“This Blueprint Report provides a roadmap for the Administration and Congress taking office in January to improve the health and well-being of the nation. We know what works in public health and that when Congress and the Administration act in support of public health, the return is improved preparedness and individual and community health and safety,” said J. Nadine Gracia, M.D. MSCE, President and CEO, Trust for America’s Health. “The next Administration and Congress will have an important opportunity to enable all Americans to enjoy optimal health.”

2024 Blueprint Priority Areas and Highlighted Recommendations

This report includes recommendations across six priority areas to protect and strengthen public health, prevention, and our nation’s health security. The following are highlighted recommendations from the report. See the report for the inclusive set of recommendations.

Priority 1: Invest in Infrastructure and Workforce to Ensure Our Public Health System Can Meet the Challenges and Opportunities of the 21st Century.

  • Congress should protect and increase overall funding for the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
  • Congress should ensure continuous improvement of public health infrastructure.
  • Congress should invest in public health data modernization and enact the Improving DATA in Public Health Act to better detect and contain health threats.
  • Congress and HHS agencies should support efforts to bolster recruitment, retention, and resilience of the public health workforce.

Priority 2: Strengthen Prevention, Readiness, and Response to Health Security Threats.

  • The White House should maintain coordination and leadership around public health emergencies and biodefense, and the White House and Congress should renew the nation’s Global Health Security Commitment.
  • Congress should expand public health emergency preparedness funding for state, tribal, local, and territorial jurisdictions.
  • Congress and the Administration for Strategic Preparedness and Response should strengthen the emergency readiness of the healthcare delivery system.
  • Congress should enact legislation to ensure access to vaccines for uninsured and underinsured adults.
  • Congress should support nationwide efforts to protect against environmental and climate-related health threats, including extreme heat.

Priority 3: Promote the Health and Well-being of Individuals, Families, and Communities Across the Lifespan.

  • Congress should increase funding to CDC’s National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion.
  • Congress should enhance benefits in and protect access to the Supplemental Nutrition Assistance Program and should make healthy school meals for all permanent.
  • Congress should create a national standard requiring employers to provide job-protected paid sick, family, and medical leave for all employees.
  • Congress and HHS should address Adverse Childhood Experiences (ACEs) by passing the Preventing Adverse Childhood Experiences Act and increasing the investment in the CDC ACEs program.
  • Congress should fund the nationwide implementation of CDC’s Comprehensive Suicide Prevention Program and support Substance Abuse and Mental Health Services Administration’s efforts to bolster the continuum of crisis care.
  • Congress and the Administration should fund CDC’s internal capacity for healthy aging efforts and its support to build and sustain age-friendly public health systems in state, local, tribal, and territorial public health departments.

Priority 4: Advance Health Equity by Addressing Structural Discrimination.

  • Federal agencies should regularly update and report progress on agency equity plans, ensuring metrics are inclusive of and extend beyond tracking disparities.
  • Congress and the Administration should ensure accurate and complete data collection to report health-related information by race/ethnicity, age, sex, disability, language, sexual orientation, gender identity, and geography.
  • Federal health agencies should focus funding on populations at elevated risk for chronic disease and poor health outcomes due to the impact of structural discrimination and disinvestment.

Priority 5: Address the Non-Medical Drivers of Health to Improve the Nation’s Health Outcomes.

  • Congress should increase funding to $150 million for the Social Determinants of Health program at CDC and pass the Improving Social Determinants of Health Act.
  • The Administration should continue to build on the Centers for Medicare & Medicaid Services’ (CMS) efforts to support Medicaid, Medicare, and Children’s Health Insurance Program coverage of patients’ health-related social needs.
  • CMS and Congress should explore opportunities to expand the capacity of healthcare providers and payers to screen and refer individuals to social services.
  • Congress should amend tax laws to increase economic opportunity for families by expanding access to the Child Tax Credit and Earned Income Tax Credit.

Priority 6: Enhance and Protect the Scientific Integrity, Effectiveness, and Accountability of the Agencies Charged with Protecting the Health of all Americans.

  • The Administration and Congress should maintain the existing structure of federal health agencies, which have specific roles and expertise in protecting the nation’s health.
  • The Administration should protect the scientific integrity of public health agencies and leaders.
  • Congress and HHS should invest in and prioritize effective public health communications and reducing the spread of misinformation and disinformation.
  • Lawmakers and courts should reject laws that weaken or preempt public health authorities, which could threaten basic public health protections such as outbreak detection, vaccination, and response.

 

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Trust for America’s Health is a nonprofit, nonpartisan public health research, policy, and advocacy organization that promotes optimal health for every person and community and makes the prevention of illness and injury a national priority. 

 

 

El Sistema de Salud Pública de la Nación está en un Punto de Inflexión

Un nuevo informe proporciona a la próxima Administración y al Congreso una hoja de ruta política para mejorar la salud, la economía y la seguridad nacional del país

(8 de octubre de 2024 – Washington, DC) – El sistema de salud pública -responsable de proteger y promover la salud en todas las comunidades- necesita una inversión sostenida, apoyo político y protección frente a las injerencias políticas, según un nuevo informe publicado hoy por Trust for America’s Health.

El informe, Camino hacia una América más Saludable: Un Plan para Fortalecer la Salud Pública para la Próxima Administración y el Congreso, identifica seis áreas principales e incluye recomendaciones de políticas que, de ser adoptadas, para mejoraran los resultados en la salud pública y reforzaran la seguridad económica y nacional del país

Los estadounidenses viven más tiempo, debido a la salud pública y las mejoras en el sistema sanitario, se ha logrado un mayor acceso a la vacunación, un control más estricto de las enfermedades infecciosas, mejor nutrición, la prevención del tabaquismo y la lucha contra las lesiones evitables, han sido factores importantes que más han contribuido al aumento de la esperanza de vida en el último siglo.

Sin embargo, muchos estadounidenses siguen padeciendo problemas de salud prevenibles. En las últimas décadas, las crecientes tasas de enfermedades crónicas y los alarmantes niveles de trastornos por consumo de sustancias y suicidios amenazan la salud pública. Además, las emergencias relacionadas con el clima son cada vez más frecuentes y persisten las disparidades sanitarias entre la población.

La salud pública se encuentra en peligro por varias razones, entre ellas, la escasez de fondos ha debilitado la infraestructura de salud pública y su personal. La desinformación y la politización han contribuido a que la gente desconfié de los consejos y funcionarios de salud pública. La capacidad de la salud pública para proteger a las comunidades también está en peligro debido a políticas propuestas o promulgadas que socavan el papel de los funcionarios de salud pública o el acceso a la atención sanitaria preventiva.

El Informe del Plan proporciona una guía para que la Administración y el Congreso que asuman en enero mejoren la salud y el bienestar de la nación. Sabemos lo que funciona en salud pública y que cuando el Congreso y la Administración actúan en apoyo de la salud pública, el resultado es una mejor preparación y mayor salud y seguridad para individuos y comunidades,” dijo J. Nadine Gracia, M.D., MSCE, presidenta y directora ejecutiva de Trust for America’s Health. “La próxima Administración y el Congreso tendrán una importante oportunidad para permitir que todos los estadounidenses disfruten de una salud óptima.”

Principales Áreas del Plan 2024 y recomendaciones destacadas

Este informe incluye recomendaciones en seis áreas prioritarias para proteger y reforzar la salud pública, la prevención y la seguridad sanitaria de nuestra nación y. A continuación se destacan algunas recomendaciones del informe. Consulte el informe para ver el conjunto completo de recomendaciones.

Prioridad 1: Invertir en infraestructuras y mano de obra para garantizar que nuestro sistema de salud pública pueda hacer frente a los retos y oportunidades del siglo 21.

  • El Congreso debe proteger y aumentar la financiación global de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
  • El Congreso debe garantizar la mejora continua de las infraestructuras de salud pública.
  • El Congreso debe invertir en la modernización de los datos de salud pública y promulgar la Ley de Mejora de los DATOS en Salud Pública para detectar y contener mejor las amenazas sanitarias.
  • El Congreso y las agencias del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS por sus siglas en inglés, deben apoyar los esfuerzos para reforzar la contratación, la retención y la capacidad de recuperación del personal de salud pública.

Prioridad 2: Reforzar la prevención, la preparación y la respuesta a las amenazas contra la seguridad sanitaria.

  • La Casa Blanca debe mantener la coordinación y el liderazgo en torno a las emergencias de salud pública y la biodefensa, también la Casa Blanca y el Congreso deben renovar el Compromiso Mundial de Seguridad Sanitaria de la nación.
  • El Congreso debe ampliar la financiación de la preparación ante emergencias de salud pública para las jurisdicciones estatales, tribales, locales y territoriales.
  • El Congreso y la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégica deben reforzar la preparación para emergencias del sistema de prestación de asistencia sanitaria.
  • El Congreso debe promulgar leyes que garanticen el acceso a las vacunas a los adultos sin seguro o con seguro insuficiente.
  • El Congreso debe apoyar los esfuerzos nacionales de protección frente a las amenazas de salud relacionadas con el medio ambiente y el clima, incluido el calor extremo.

Prioridad 3: Promover la salud y el bienestar de las personas, las familias y las comunidades a lo largo de toda la vida.

  • El Congreso debe aumentar la financiación del Centro Nacional de Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud de los CDC.
  • El Congreso debe mejorar las prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Complementaria y proteger el acceso al mismo, así como hacer permanentes las comidas escolares saludables para todos.
  • El Congreso debe crear una norma nacional que obligue a las empresas a ofrecer a todos sus empleados bajas por enfermedad, familiares y médicas remuneradas y protegidas.
  • El Congreso y el HHS deben abordar las Experiencias Adversas en la Infancia (ACEs, por sus siglas en inglés) mediante la aprobación de la Ley de Prevención de Experiencias Adversas en la Infancia y el aumento de la inversión en el programa ACEs de los CDC.
  • El Congreso debe financiar la aplicación en todo el país del Programa Integral de Prevención del Suicidio de los CDC y apoyar los esfuerzos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias para reforzar la atención continuada en situaciones de crisis.
  • El Congreso y la Administración deberían financiar la capacidad interna de los CDC para los esfuerzos de envejecimiento saludable y su apoyo para crear y mantener sistemas de salud pública adaptados a las personas mayores en los departamentos de salud pública estatales, locales, tribales y territoriales.

Prioridad 4: Avanzar en la equidad sanitaria abordando la discriminación estructural.

  • Los organismos federales deben actualizar e informar periódicamente de los avances en sus planes de igualdad, asegurándose de que los parámetros incluyan y vayan más allá del seguimiento de las disparidades.
  • El Congreso y la Administración deben garantizar una recopilación de datos precisa y completa para comunicar información relacionada con la salud por raza/etnia, edad, sexo, discapacidad, idioma, orientación sexual, identidad de género y geografía.
  • Las agencias sanitarias federales deben centrar la financiación en las poblaciones con mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas y resultados sanitarios deficientes debido al impacto de la discriminación estructural y la desinversión.

Prioridad 5: Abordar los factores no médicos de la salud para mejorar los resultados sanitarios del país.

  • El Congreso debe aumentar la financiación a 150 millones de dólares para el programa de Determinantes Sociales de la Salud de los CDC y aprobar la Ley de Mejora de los Determinantes Sociales de la Salud.
  • La Administración debe seguir desarrollando los esfuerzos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) para apoyar la cobertura de Medicaid, Medicare y el Programa de Seguro Médico Infantil de las necesidades sociales relacionadas con la salud de los pacientes.
  • Los CMS y el Congreso deben explorar oportunidades para ampliar la capacidad de los proveedores de asistencia sanitaria y los pagadores para examinar y remitir a las personas a los servicios sociales.
  • El Congreso debe modificar las leyes fiscales para aumentar las oportunidades económicas de las familias ampliando el acceso al crédito fiscal por hijos y al crédito fiscal por ingresos del trabajo.

Prioridad 6: Mejorar y proteger la integridad científica, la eficacia y la responsabilidad de las agencias encargadas de proteger la salud de todos los estadounidenses.

  • La Administración y el Congreso deben mantener la estructura actual de las agencias sanitarias federales, que tienen funciones y competencias específicas en la protección de la salud de la nación.
  • La Administración debe proteger la integridad científica de los organismos y dirigentes de salud pública.
  • El Congreso y el HHS deben invertir y dar prioridad a la comunicación eficaz en materia de salud pública y a la reducción de la difusión de información errónea y desinformación.
  • Los legisladores y los tribunales deben rechazar las leyes que debilitan o se anteponen a las autoridades de salud pública, lo que podría amenazar las protecciones básicas de salud pública, como la detección de brotes, la vacunación y la respuesta.

 

Lea el informe completo.

Trust for America’s Health es una organización no partidista y sin ánimo de lucro dedicada a la investigación, la política y la defensa de la salud pública, que promueve una salud óptima para todas las personas y comunidades y hace de la prevención de enfermedades y lesiones una prioridad nacional. www.tfah.org