Nuevo informe encuentra lagunas en la preparación de los estados para emergencias de salud pública

La COVID-19 muestra daño crítico de subinversión en infraestructura de salud pública

(Washington, DC) — 10 de marzo de 2021 – La pandemia de COVID-19 ha demostrado claramente que la inversión insuficiente en la preparación para responder a emergencias de salud pública puede costar cientos de miles de vidas y causar estragos en la economía. Un nuevo informe publicado hoy por Trust for America’s Health (TFAH) midió el desempeño de los estados en 10 indicadores clave de preparación para emergencias y encontró espacio para mejorar en todas las jurisdicciones.

El informe Ready or Not 2021: Protecting the Public’s Health from Diseases, Disasters and Bioterrorism midió la preparación de los estados para emergencias de salud de cualquier tipo (no solo la crisis del COVID-19).  Este informe colocó a 20 estados y al Distrito de Columbia en una categoría de alto nivel de preparación, 15 estados en un nivel de preparación medio y 15 estados en un nivel de preparación bajo.

Durante casi dos décadas, TFAH ha examinado la preparación para emergencias de salud pública de la nación en este informe anual. Durante ese tiempo, todos los estados han mejorado su preparación para emergencias, pero todos continúan teniendo espacio para un fortalecimiento adicional de sus programas de respuesta de salud pública.

 

Rendimiento estatal, por nivel de puntuación, 2020

Performance Tier States Number of States
High Tier CO, CT, DC, DE, GA, ID, KS, MA, MD, ME, MS, NC, NE, NM, OK, RI, UT, VA, VT, WA, WI 20 states and DC
Middle Tier AL, CA, FL, IA, IL, KY, LA, MI, MN, MT, ND, NJ, OR, TN, TX 15 states
Low Tier AK, AR, AZ, HI, IN, MO, NH, NV, NY, OH, PA, SC, SD, WV, WY 15 states

“La importancia de este informe es que brinda a los estados datos procesables para adoptar políticas que salven vidas. La crisis de COVID-19 muestra que tenemos mucho más trabajo por hacer para proteger a los estadounidenses de las amenazas a la salud, particularmente en las formas en que el racismo estructural crea y exacerba los riesgos para la salud dentro de las comunidades de color ”, dijo John Auerbach, presidente y director ejecutivo de Trust for Salud de Estados Unidos. “Los estados deben tomar medidas enérgicas para apuntalar su preparación para todo tipo de emergencias de salud pública”.

Si bien los hallazgos del informe no son una medida de la respuesta COVID-19 de ningún estado, demuestran que si bien la preparación de los estados es importante, las emergencias de salud nacionales en la escala de una pandemia requieren un liderazgo y una coordinación federales fuertes, e inversiones a largo plazo en salud pública. infraestructura y mano de obra. Los estados por sí solos, incluso aquellos que ocupan un lugar destacado en este informe, no están lo suficientemente equipados para responder a una pandemia sin ayuda federal, dicen los autores del informe.

El informe encontró:

La mayoría de los estados han hecho preparativos para expandir la atención médica y las capacidades de salud pública en una emergencia, a menudo a través de la colaboración. Treinta y cuatro estados participaron en el Nurse Licensure Compact, en comparación con 26 en 2017. El pacto permite a las enfermeras registradas y las enfermeras prácticas o vocacionales con licencia ejercer en múltiples jurisdicciones con una sola licencia. En caso de emergencia, esto permite a los funcionarios de salud aumentar rápidamente sus niveles de personal. Además, los hospitales de la mayoría de los estados tienen un alto grado de participación en coaliciones de salud. En promedio, el 89 por ciento de los hospitales estaban en una coalición y 17 estados y el Distrito de Columbia tenían participación universal, lo que significa que todos los hospitales de la jurisdicción eran parte de una coalición. Dichas coaliciones unen a los hospitales y otras instalaciones de atención médica con la gestión de emergencias y los funcionarios de salud pública para planificar y responder a los incidentes. Finalmente, todos los estados y el Distrito de Columbia tenían laboratorios de salud pública que tenían planes para una gran afluencia de necesidades de pruebas. Esta capacidad de aumentar la capacidad de prueba de laboratorio durante la crisis de COVID-19 fue extremadamente crítica.

La mayoría de los estados están acreditados en las áreas de salud pública, manejo de emergencias o ambos. A diciembre de 2020, la Junta de Acreditación de Salud Pública (PHAB) o el Programa de Acreditación de Gestión de Emergencias (EMAP) acreditaron 42 estados y el Distrito de Columbia; 29 estados y el Distrito de Columbia fueron acreditados por ambos grupos, un aumento neto de uno desde noviembre de 2019. Ambos programas ayudan a garantizar que los sistemas necesarios de preparación y respuesta ante emergencias estén en su lugar y con personal calificado.

Las tasas de vacunación contra la influenza estacional, aunque aún son demasiado bajas, han aumentado significativamente. La tasa de vacunación contra la influenza estacional entre los estadounidenses de 6 meses o más aumentó del 42 por ciento durante la temporada 2017-2018 al 52 por ciento durante la temporada 2018-2019, pero aún está por debajo de la tasa de vacunación objetivo del 70 por ciento establecida por Healthy People 2030.

En 2019, solo el 55 por ciento de los residentes estatales empleados, en promedio, usaron tiempo libre remunerado, el mismo porcentaje que en 2018. Aquellos sin licencia remunerada tienen más probabilidades de trabajar cuando están enfermos y corren el riesgo de propagar la infección. Esto se volvió particularmente relevante durante la pandemia de COVID-19, ya que el aislamiento y la cuarentena son herramientas importantes para controlar el brote.

La mayoría de los residentes que obtuvieron el agua de su hogar a través de un sistema de agua comunitario tenían acceso a agua potable. En promedio, solo el 5 por ciento de los residentes del estado utilizó un sistema de agua comunitario en 2019 que no cumplía con todos los estándares de salud aplicables.

El informe incluye recomendaciones de acciones por parte de los legisladores federales y estatales para mejorar la preparación para emergencias de salud pública de la nación en siete áreas prioritarias:

  • Proporcionar financiación suficiente y estable para la seguridad de la salud pública nacional y mundial.
  • Fortalecer las políticas y los sistemas para prevenir y responder a brotes y pandemias.
  • Construir comunidades resilientes y promover la equidad en salud en general y en la preparación.
  • Asegurar liderazgo, coordinación y fuerza laboral efectivos en salud pública.
  • Acelerar el desarrollo y la distribución, incluida la distribución de última milla, de contramedidas médicas.
  • Fortalecer la capacidad del sistema de salud para responder y recuperarse durante y de emergencias de salud.
  • Prepárese para las amenazas ambientales y el clima extremo.

El informe de la serie Ready or Not está financiado por la Fundación Robert Wood Johnson con el apoyo adicional de The California Endowment, W.K. Fundación Kellogg y Fundación Kresge.

###

Trust for America’s Health es una organización no partidista sin fines de lucro que promueve la salud óptima para cada persona y comunidad y hace de la prevención de enfermedades y lesiones una prioridad nacional. Twitter: @HealthyAmerica1

Increases in Drug Overdose Death Rates Were Up Before COVID-19 and Are Continuing to Rise During the Pandemic

Trust for America’s Health and Well Being Trust Call for Renewed Focus on Preventing Deaths of Despair

DISTRICT OF COLUMBIA & OAKLAND, CA – Dec. 23, 2020 – According to data released this week by the National Center for Health Statistics, in 2019 age-adjusted drug overdose deaths increased slightly over the prior year.  Coupled with data released last week by the CDC showing increases in drug overdose deaths in early 2020, these reports demonstrate the continuing upward trajectory of drug deaths in the U.S, a trend that is being compounded by the COVID-19 pandemic.

The age-adjusted rate of drug overdose during 2019 was 21.6 per 100,000 deaths, up from the 2018 rate of 20.7 per 100,000. In 2019, 70,630 people died due to drug overdose in the United States.

Between 1999 and 2019 the rate of drug overdose deaths increased for all groups aged 15 and older, with people aged 35-44 experiencing the highest single year increase in 2019.  While rates of drug overdose deaths involving heroin, natural and semisynthetic opioids, and methadone decreased between 2018 and 2019 the rate of overdose deaths involving synthetic opioids other than methadone continued to increase.

2018 data showing only minor progress after decades of worsening trends, provisional drug overdose data showing an 18% increase over the last 12 months, and the recent CDC Health Alert Network notice on early 2020 increases in fatal drug overdoses driven by synthetic opioids all underscore the continued impact of the deaths of despair crisis and how the COVID-19 pandemic has further diminished the mental health and well-being of many Americans.

“These 2019 overdose rates and the outlook for 2020 are extremely alarming and the result of insufficient prioritization and investment in the well-being and health of Americans for decades,” said John Auerbach, President and CEO of the Trust for America’s Health. “As we work to recover from the COVID-19 pandemic, we must take a comprehensive approach that includes policies and programs that help Americans currently struggling and target upstream root causes, like childhood trauma, poverty and discrimination in order to help change the trajectory of alcohol, drug, and suicide deaths in the upcoming decades.”

Over the last five years, Trust for America’s Health (TFAH) and Well Being Trust (WBT) have released a series of reports on “deaths of despair” called Pain in the Nation: The Drug, Alcohol and Suicides Epidemics and the Need for a National Resilience Strategy, which include data analysis and recommendations for evidence-based policies and programs that federal, state, and local officials.

“If leaders don’t act now to stymie America’s mental health and addiction crises, next year’s data will easily surpass the astounding numbers we’re seeing today,” said Dr. Benjamin F. Miller, PsyD, Chief Strategy Officer at Well Being Trust. “Overdose deaths can be prevented if individuals who are struggling are able to access the appropriate services and supports – and with greater demonstrated success if the care individuals receive is rooted in their immediate communities.”

 

Drug Overdose Deaths, 1999-2019 (Rates age-adjusted)

Year Deaths Deaths per 100,000
1999 16,849 6.1
2000 17,415 6.2
2001 19,394 6.8
2002 23,518 8.2
2003 25,785 8.9
2004 27,424 9.4
2005 29,813 10.1
2006 34,425 11.5
2007 36,010 11.9
2008 36,450 11.9
2009 37,004 11.9
2010 38,329 12.3
2011 41,340 13.2
2012 41,502 13.1
2013 43,982 13.8
2014 47,055 14.7
2015 52,404 16.3
2016 63,632 19.8
2017 70,237 21.7
2018 67,367 20.7
2019 70,630 21.6

 Sources:
CDC – NCHS – National Center for Health Statistics
https://emergency.cdc.gov/han/2020/han00438.asp
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdose-data.htm

 # # #

 

About Trust for America’s Health
Trust for America’s Health is a nonprofit, nonpartisan organization that promotes optimal health for every person and community and makes the prevention of illness and injury a national priority. Twitter: @HealthyAmerica1

 

About Well Being Trust
Well Being Trust is a national foundation dedicated to advancing the mental, social, and spiritual health of the nation. Created to include participation from organizations across sectors and perspectives, Well Being Trust is committed to innovating and addressing the most critical mental health challenges facing America, and to transforming individual and community well-being. www.wellbeingtrust.org Twitter: @WellBeingTrust

 

Policymakers and Health Systems Must Earn Trust within Communities of Color and Tribal Nations to Ensure COVID-19 Vaccine Receptivity, Say Health and Public Health Leaders

Policy brief calls for building vaccine acceptance in communities of color and tribal communities through data transparency, tailored communications via trusted messengers, ensuring ease of vaccine access and no out-of-pocket costs

(Washington, DC – Dec. 21, 2020) – A woeful history of maltreatment of communities of color and tribal nations by government and the health sector, coupled with present day marginalization of these communities by the healthcare system, are the root of vaccine distrust among those groups, according to a policy brief, Building Trust in and Access to a COVID-19 Vaccine Among People of Color and Tribal Nations released today by Trust for America’s Health (TFAH) and co-authors the National Medical Association (NMA) and UnidosUS.

This historic maltreatment, coupled with current day structural racism, has played out in COVID-19’s disproportionate impact on communities of color and tribal communities. These factors also make ensuring vaccine receptivity and access within those communities challenging and of critical importance to protecting lives and ending the pandemic.

In October 2020, TFAH, NMA and UnidosUS hosted a policy convening with 40 leading health equity, healthcare, civil rights, and public health organizations. The purpose of the convening was to advise policymakers on the barriers to vaccine receptivity within communities of color and tribal communities and how to overcome those barriers.

“Earning trust within communities of color and tribal communities will be critical to the successful administration of the COVID-19 vaccine. Doing so will require prioritizing equity, ensuring that leaders from those communities have authentic opportunities to impact vaccine distribution and administration planning, and, the resources to fully participate in supporting vaccine outreach, education and delivery in their communities,” said Dr. J. Nadine Gracia, Executive Vice President and COO of Trust for America’s Health.

The convening created recommendations for policy actions that should be taken immediately within six key areas:

Ensure the scientific fidelity of the vaccine development process.

  • HHS and vaccine developers should release all available vaccine data at frequent and regular intervals to improve transparency and increase confidence in the vaccine evaluation process. Leadership at FDA and HHS must commit to advancing any vaccine only after it has been validated based on established federal and scientific protocols. Programs to monitor for adverse events must also be in place and transparent. Any perception of bypassing safety measures or withholding information could derail a successful vaccination effort.
  • FDA should engage health and public health professional societies, particularly those representing healthcare providers of color, local public health officials, as well as other stakeholders with a role in vaccination, and allow these groups to validate all available data, review the vaccine development and approval process, and issue regular updates on data to their patients, members, and the public.

 Equip trusted community organizations and networks within communities of color and tribal nations to participate in vaccination planning, education, delivery and administration.  Ensure their meaningful engagement and participation by providing funding.

  • Congress should fund CDC and its state, local, tribal, and territorial partners to provide training, support, and financial resources for community-based organizations to join in vaccination planning and implementation, including community outreach, training of providers, and participation in vaccination clinics. State, local, tribal, and territorial authorities should authentically engage and immediately begin vaccination planning with community-based organizations, community health workers/promotores de salud, faith leaders, educators, civic and tribal leaders, and other trusted organizations outside the clinical healthcare setting as key, funded partners.

Provide communities the information they need to understand the vaccine, make informed decisions, and deliver messages through trusted messengers and pathways.

  • Congress should provide at least $500 million to CDC for outreach, communication, and educational efforts to reach priority populations in order to increase vaccine confidence and combat misinformation. All communications must be culturally and linguistically appropriate and tailored as much as possible to reach diverse populations as well as generations within groups.
  • FDA and CDC should initiate early engagement with diverse national organizations and provide funding and guidance for state, local, tribal, and territorial planners to help shape messaging and engage locally with healthcare providers in communities of color and tribal communities, such as nurses, pharmacists, promotores de salud, community health workers, and others to ensure they have the information they need to feel comfortable recommending the vaccine to their patients. Congress and HHS should provide funding for training and engagement of trusted non-healthcare communicators to help shape messaging and to train informal networks, civic and lay leaders, and other trusted community leaders and community-based organizations to answer questions and encourage vaccination.
  • All messaging about the vaccine must be appropriate for all levels of health literacy. Communication should be realistic and clear about timelines and priority groups (and the rationale for these decisions), vaccine effectiveness, types of vaccines, the number of doses, costs, and the need for ongoing public health protections. Planners must provide information that meets people where they are (e.g., barber shops, bodegas, grocery stores, places of worship, etc.) and ensure that trusted messengers in those places have the information they need to be credible and authentic spokespeople.

 

Ensure that it is as easy as possible for people to be vaccinated. Vaccines must be delivered in community settings that are trusted, safe and accessible.

  • We urge the administration and Congress to appropriate the resources necessary to expand and strengthen federal, state, local, territorial, and tribal capacity for a timely, comprehensive, and equitable COVID-19 vaccination planning, communications, distribution, and administration campaign, including funding to support vaccine distribution at the local level and by community-based organizations.
  • Congress and HHS should allocate funding to increase access to vaccination services to ensure that people seeking to be vaccinated do not experience undue increased exposure to the virus as they travel to, move through, and return home from vaccination sites. Flexibility in funding is needed to enable transport of people to vaccination sites, increase accessibility to people without cars, and promote safety and minimize exposure at vaccination locations. Funding should also be provided to health and community-based agencies to assist those for whom transportation or childcare costs are an obstacle to receipt of the vaccine.
  • Planners should ensure that vaccination sites are located in areas that have borne a disproportionate burden of COVID-19, especially leveraging community-based organizations such as Federally Qualified Health Centers, community health centers, rural health centers, schools and places of worship. Mobile services will be particularly important in rural areas. Planners should prioritize congregate living facilities, such as long-term care, prisons, and homeless shelters. In addition, some families, displaced by the COVID economic fallout, may be living with relatives. Planners should ensure vaccination sites have services that meet the Americans with Disabilities Act (ADA) and HHS Office for Civil Rights (OCR) standards for disability and language access.
  • Federal state, local, tribal, and territorial officials must guarantee and communicate with the public that immigration status is not a factor in people’s ability to receive the vaccine and that immigration status is not collected or reported by vaccination sites/providers. Similarly, the presence of law enforcement officers or military personnel could be a deterrent for vaccination at locations, so planners should consider other means of securing sites.
  • In the initial phase, as communities vaccinate healthcare workers, planners must be sure to prioritize home health, long-term care, and other non-hospital-based healthcare workers, who are more likely to be people of color. Other essential workers that comprise large numbers of workers who are people of color and should be treated as within the vaccination priority groups are the food service industry, farmworkers and public transportation employees.

Ensure complete coverage of the costs associated with the vaccine incurred by individuals, providers of the vaccine, and state/local/tribal/territorial governments responsible for administering the vaccine and communicating with their communities about it.

  • Congress, the Centers for Medicare and Medicaid Services, and private payers must guarantee that people receiving the vaccine have zero out-of-pocket costs for the vaccine, related health care visits, or any adverse events related to the vaccine, regardless of their health insurance status.
  • HHS, with emergency funding from Congress, should provide funding so that state, local, tribal, and territorial governments do not bear any cost of vaccine communication efforts, working with their communities, organizing sites, training their staff, and providing personal protective equipment (PPE).

 Congress must provide additional funding and require disaggregated data collection and reporting by age, race, ethnicity, gender identity, primary language, disability status, and other demographic factors on vaccine trust and acceptance, access, vaccination rates, adverse experiences, and ongoing health outcomes.

  • CDC, and state, local, tribal, and territorial authorities should include leaders from communities of color and tribal communities and to plan on-going data collection on vaccination efforts, interpret data, add cultural context, share data with communities, and determine implications and next steps.
  • CDC, and state, local, tribal, and territorial authorities should use these data to inform ongoing prioritization of vaccine distribution and rapidly address gaps in vaccination that may arise among subpopulations by race, ethnicity, neighborhood, or housing setting.

# # #

Trust for America’s Health is a nonprofit, nonpartisan organization that promotes optimal health for every person and community and makes the prevention of illness and injury a national priority. Twitter: @healthyamerica1

 

State of Obesity 2020: Better Policies for a Healthier America Congressional Briefing

For the first time since data has been tracked, the U.S adult obesity rate passed 40 percent – 42.4 percent of U.S. adults have obesity. In 2019, 12 U.S. states (AL, AR, IN, KS, KY, LA, MI, MS, OK, SC, TN and WV) had adult obesity rates at or above 35 percent, up from zero states above the 35 percent mark as recently as 2012. In 2020, these statistics take on new significance: recent studies have shown that people with obesity who get COVID-19 are more likely to be hospitalized and end up in intensive care than individuals without obesity.

Our panel of experts covered the latest national obesity rates and trends, highlighting promising approaches that states and localities have undertaken to ensure healthy communities. In addition, they offered policy recommendations that can incorporate innovative approaches to help all Americans lead healthier lives.

Resources

Healthy People 2030

(Washington, D.C. – September 30, 2020)

On August 18, 2020, the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) released Healthy People 2030 – the 5th iteration of the nation’s 10-year plan that sets data-driven objectives and targets to improve health and well-being in the United States. Updated every decennial since 1980, Healthy People 2030 builds on the knowledge gained and lessons learned to address the nation’s most critical public health priorities and challenges.

Healthy People 2030 includes 355 objectives in alignment with five overreaching goals. These goals include:

  • Attain healthy, thriving lives and well-being free of preventable disease, disability, injury, and premature death.
  • Eliminate health disparities, achieve health equity, and attain health literacy to improve the health and well-being of all.
  • Create social, physical, and economic environments that promote attaining the full potential for health and well-being for all.
  • Promote healthy development, healthy behaviors, and well-being across all life stages.
  • Engage leadership, key constituents, and the public across multiple sectors to take action and design policies that improve the health and well-being of all.

Healthy People 2030 also includes prioritizing 10-year measurable targets for objectives related to the social determinants of health – which include economic stability, education, health care access, neighborhoods and the built environment, and social and community environments. For example, related to economic stability and food insecurity, HHS wants to reduce household food insecurity by 5 percent over the next 10 years (11.1 percent of households were food insecure in 2018).

“Healthy People 2030 aligns with many of Trust for America’s Health’s priorities around health conditions such as diabetes and obesity; health behaviors such as vaccination and drug and alcohol use; population-level health for groups such as older adults; systems such as public health infrastructure and preparedness for emerging public health threats like COVID-19; and the social determinants of health,” said John Auerbach, President, and CEO at Trust for America’s Health.

“It provides a framework of measurable objectives to evaluate the change that needs to occur to achieve optimal health and well-being for every person and community. COVID-19 is the most current example that demonstrates the longstanding disproportionate health and economic impacts faced by Black, Indigenous, and people of color along with other marginalized communities. Together, public health must work with multiple sectors to advance equitable policies that address these social and economic disparities, and work towards achieving the goals of Healthy People 2030.”

For more information, visit Healthy People 2030.

La tasa de obesidad en adultos de EE. UU. Supera el 42 por ciento; el más alto jamás registrado

Tener obesidad es un factor de riesgo de consecuencias graves durante el COVID; La pandemia podría aumentar los niveles de obesidad en el futuro debido al aumento de la inseguridad alimentaria.

(Washington, DC – September 17, 2020) – La tasa de obesidad en adultos de los Estados Unidos superó la marca del 40 por ciento por primera vez, situándose en 42,4 por ciento, según el reporte  State of Obesity: Better Policies for a Healthier America, publicado hoy por Trust for America’s Health (TFAH). La tasa nacional de obesidad en adultos ha aumentado en un 26 por ciento desde el 2008.

El informe, basado en parte en los datos recientemente publicados en el 2019 del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BFRSS) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (BFRSS) y el análisis de TFAH, proporciona anualmente las tasas de sobrepeso y obesidad en todo el país, incluso por edad, raza y estados de residencia.

Las tendencias demográficas y las condiciones de vida de las personas tienen un gran impacto en su capacidad para mantener un peso saludable. Generalmente, los datos muestran que cuanto más gana una persona, es menos probable que tenga obesidad. Las personas con menos educación también tienen más probabilidades de tener obesidad. Las comunidades rurales tienen tasas más altas de obesidad y obesidad severa que las áreas suburbanas y metropolitanas.

Factores socioeconómicos como la pobreza y la discriminación han contribuido a tasas más altas de obesidad entre ciertas poblaciones raciales y étnicas. Los adultos afroamericanos tienen el nivel más alto de obesidad adulta a nivel nacional con un 49,6 por ciento; esa tasa es impulsada en gran parte por una tasa de obesidad adulta entre las mujeres negras del 56,9 por ciento. Los adultos latinos tienen una tasa de obesidad del 44,8 por ciento. La tasa de obesidad para los adultos blancos es del 42,2 por ciento. Los adultos asiáticos tienen una tasa de obesidad general del 17,4 por ciento.

La obesidad y su impacto en la salud, incluidos los riesgos de COVID-19

La obesidad tiene serias consecuencias para la salud, incluyendo un mayor riesgo de diabetes tipo 2, presión arterial alta, aturdimiento y muchos tipos de cánceres. Se estima que la obesidad aumenta el gasto en atención médica en $ 149 mil millones al año (aproximadamente la mitad de los cuales son pagados por Medicare y Medicaid) y el sobrepeso y la obesidad es la razón más común por la que los adultos jóvenes no son elegibles para el servicio militar. Las preocupaciones sobre el impacto de la obesidad han adquirido nuevas dimensiones este año, ya que tener obesidad es una de las condiciones de salud subyacentes asociadas con las consecuencias más graves de la infección por el COVID, incluidas la hospitalización y la muerte. Estos nuevos datos significan que el 42 por ciento de todos los estadounidenses tienen un mayor riesgo de sufrir impactos graves, posiblemente fatales, en la salud por el COVID-19 debido a su peso y las condiciones de salud relacionadas con la obesidad.

“Para resolver la crisis de obesidad del país será necesario abordar las condiciones de la vida de las personas que conducen a la inseguridad alimentaria y crean obstáculos para tener mejores opciones de alimentos saludables y la actividad física segura. Esas condiciones incluyen pobreza, desempleo, viviendas segregadas y discriminación racial ”, dijo John Auerbach, presidente y director ejecutivo de Trust for America’s Health. “La pandemia de este año ha demostrado que estas afecciones no solo aumentan el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas, sino que también aumentan el riesgo de los resultados más graves del COVID”.

La obesidad infantil también va en aumento

Las tasas de obesidad infantil también están aumentando según los últimos datos que muestran que el 19,3 por ciento de los jóvenes estadounidenses, de 2 a 19 años, tienen obesidad. A mediados de la década de 1970, el 5,5 por ciento de los jóvenes tenía obesidad. Tener sobrepeso u obesidad en la juventud los pone en mayor riesgo de tener obesidad y los riesgos para la salud relacionados en la edad adulta. Además, los niños presentan un inicio más temprano de lo que solían considerarse afecciones adultas, como la hipertensión y el colesterol alto.

Doce estados tienen tasas de obesidad en adultos superiores al 35 por ciento

Las tasas de obesidad varían considerablemente entre los estados y regiones del país. Mississippi tiene la tasa de obesidad adulta más alta del país con un 40,8 por ciento y Colorado tiene la más baja con un 23,8 por ciento. Doce estados tienen tasas de adultos superiores al 35 por ciento, son: Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Michigan, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental. Recientemente en el 2012, ningún estado tenía una tasa de obesidad en adultos superior al 35 por ciento; en el 2000 ningún estado tenía una tasa de obesidad en adultos superior al 25 por ciento.

Inseguridad alimentaria y su relación con la obesidad

El informe incluye una sección especial sobre la inseguridad alimentaria y su relación con la obesidad. La inseguridad alimentaria está relacionada con dietas de menor calidad y con niveles más altos de obesidad en muchos grupos de población. La inseguridad alimentaria está estrechamente vinculada a las condiciones económicas. Hubo niveles más altos de inseguridad alimentaria durante la crisis financiera del 2008-2009 y los primeros datos indican un gran aumento en el número de familias estadounidenses que están experimentando inseguridad alimentaria debido a la crisis del COVID-19. Según los datos de la encuesta de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el 25 por ciento de todos los encuestados y el 30 por ciento de los encuestados con niños informaron haber experimentado inseguridad alimentaria entre abril y junio de este año.

Resolver la crisis de la obesidad requerirá iniciativas multisectoriales y cambios de política

El informe incluye recomendaciones sobre la mejor manera de abordar la crisis de la obesidad basada en dos principios: 1) la necesidad de un enfoque multisectorial y multidisciplinario y 2) un enfoque en los grupos de población que se ven afectados de manera desproporcionada por la crisis de la obesidad.

Las recomendaciones incluyen:

  • Debido a que la emergencia de salud pública del COVID-19 continúa vigente, continuar con las exenciones de políticas de nutrición del Departamento de Agricultura (USDA) y expandir las comidas escolares sin costo para todos los estudiantes inscritos durante todo el año escolar 2020-2021.
  • Aumentar los fondos para permitir la expansión de los programas críticos de prevención de la obesidad de los CDC, incluido el Programa Estatal de Actividad Física y Nutrición y el programa Enfoques Raciales y Étnicos para la Salud Comunitaria.
  • Ampliar los beneficios en el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, anteriormente conocido como “cupones de alimentos”) al aumentar los niveles máximos de beneficios, extender Pandemic-EBT (P-EBT) para estudiantes y niños, duplicar las inversiones en SNAP-Ed y encontrar formas voluntarias de mejorar la calidad de la dieta sin perjudicar el acceso o los niveles de beneficios.
  • Incentivar las empresas y el uso de la tierra pública para aumentar las opciones de alimentos saludables y lugares seguros para hacer actividad física.
  • Desincentivar las opciones de alimentos poco saludables cerrando los vacios fiscales y eliminando las deducciones de costos comerciales relacionadas con la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables para los niños y promulgando impuestos a las bebidas azucaradas donde los ingresos fiscales se asignan a los esfuerzos locales para reducir las disparidades socioeconómicas y de salud.
  • Alentar a Medicaid a cubrir los programas pediátricos de control de peso para todos los beneficiarios elegibles.

 

El texto completo del informe está disponible

La Fundación Robert Wood Johnson proporcionó apoyo para la serie de Informes sobre el estado de la obesidad. Las opiniones expresadas en este informe no reflejan necesariamente la opinión de la Fundación.

# # #

Trust for America’s Health es una organización no partidista sin fines de lucro que promueve una salud óptima para cada persona y comunidad y hace de la prevención de enfermedades y lesiones una prioridad nacional.