Tasas de obesidad en Estados Unidos con altos récords históricos

Nueve estados alcanzan tasas de obesidad en adultos superiores al 35 por ciento

El Reporte demanda por Impuestos para las Bebidas Azucaradas, Programas Ampliados de Apoyo Nutricional SNAP y WIC y un entorno que fomente la actividad física para ayudar a abordar la crisis de salud

(Washington, DC) – 12 de septiembre de 2019 – Nueve estados de EE. UU. Tenían tasas de obesidad en adultos superiores al 35 por ciento en 2018, en comparación con siete estados en ese nivel en 2017, un nivel histórico de obesidad en los EE. UU., Según el 16 ° Estado anual de Obesidad: mejores políticas para un informe más saludable de América publicado hoy por el Trust for America’s Health (TFAH).

El informe basado en parte en datos recientemente publicados del Sistema de Vigilancia del Factor de Riesgo del Comportamiento (BRFSS, por su sigla en ingles) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y el análisis realizado por TFAH, proporciona las tasas de obesidad anuales en todo el país. La serie El estado de la obesidad y este informe fueron posibles gracias a el financiamiento de la Fundación Robert Wood Johnson.

La obesidad tiene graves consecuencias para la salud, incluido un mayor riesgo de diabetes tipo 2, presión arterial alta, accidente cerebrovascular y muchos tipos de cáncer. Se estima que la obesidad aumenta el gasto nacional en atención médica en $ 149 billones anuales (aproximadamente la mitad de lo cual es pagado por Medicare y Medicaid) y el sobrepeso y la obesidad es la razón más común por la que los adultos jóvenes no son elegibles para el servicio militar.

Las tasas de obesidad varían considerablemente entre los estados, con Mississippi y West Virginia con el nivel más alto de obesidad en adultos en la nación con 39.5 por ciento y Colorado con la tasa más baja con 23.0 por ciento.

Por primera vez, las tasas de obesidad en adultos superaron el 35 por ciento en nueve estados en 2018: Alabama, Arkansas, Iowa, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte y Virginia Occidental.

No muy lejos atrás en el 2012, ningún estado tenía una tasa de obesidad en adultos superior al 35 por ciento y en los últimos cinco años (2013 y 2018) 33 estados tuvieron incrementos estadísticamente significativos en sus tasas de obesidad en adultos.

“Estos últimos datos indican que nuestra crisis nacional de obesidad está empeorando”, dijo John Auerbach, presidente y director ejecutivo de Trust for America’s Health. “Nos dicen que casi 50 años después de la curva ascendente de las tasas de obesidad todavía no hemos encontrado la combinación correcta de programas para detener la epidemia”. Los programas aislados y los llamados a cambios en el estilo de vida no son suficientes. En cambio, nuestro informe destaca los cambios fundamentales que se necesitan en las condiciones sociales y económicas que hacen que sea difícil para las personas comer alimentos saludables y hacer suficiente ejercicio “.

Impacto diferencial entre las poblaciones minoritarias

El informe destaca que los niveles de obesidad están estrechamente vinculados a las condiciones socioeconómicas. Las personas con ingresos más bajos están más en riesgo. Las comunidades de color, que tienen más probabilidades de vivir en vecindarios con pocas opciones de alimentos saludables y actividad física, y que a menudo son el objetivo de una comercialización generalizada de alimentos poco saludables, también tienen un riesgo elevado.

A partir de 2015-2016, casi la mitad de los adultos latinos (47 por ciento) y los adultos negros (46.8) tenían obesidad, mientras que las tasas de obesidad entre adultos blancos y asiáticos fueron de 37.9 por ciento y 12.7 por ciento respectivamente. La incidencia de obesidad también fue más alta entre los niños latinos con un 25.8 por ciento, mientras que el 22 por ciento de los niños negros tienen obesidad, el 14 por ciento de los niños blancos tienen obesidad y el 11 por ciento de los niños asiáticos tienen obesidad.

¿Qué podría funcionar?

Si bien las tasas de obesidad son alarmantes, hay nuevos datos que ofrecen la promesa de políticas que combaten la obesidad, como promover alimentos más saludables para los niños a través de paquetes de alimentos renovados de WIC y fomentar el cambio de comportamiento a través de impuestos sobre las bebidas azucaradas.

  • Las tasas de obesidad para los niños inscritos en WIC (Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños) continúa disminuyendo, de 15.9 por ciento en 2010 a 13.9 por ciento en 2016. En 2009, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su siglas en inglés) actualizó los paquetes de alimentos de WIC para cumplir más estrechamente con las recomendaciones nacionales. pautas dietéticas que incluyen la adición de más frutas, verduras y granos integrales y niveles reducidos de grasa en la leche y la fórmula infantil. Un estudio del condado de Los Ángeles publicado este año encontró que los niños de 4 años que habían recibido el paquete de alimentos WIC revisado desde su nacimiento habían reducido los riegos de padecer obesidad.
  • Varias ciudades de EE. UU. Y la Nación Navajo han aprobado impuestos locales sobre las bebidas azucaradas que se muestran prometedoras como un medio para cambiar los hábitos de bebidas de los consumidores. Los estudios de un impuesto de 1 centavo por onza en Berkeley, California y un impuesto de 1,5 centavos por onza en Filadelfia, Pensilvania, encontraron que el consumo de bebidas azucaradas disminuyó significativamente después de la imposición del impuesto.

“Políticas como estas están demostrando ser efectivas para cambiar el comportamiento. Pero, ninguna solución única, por prometedora que sea, es suficiente. La obesidad es un problema complejo y necesitará soluciones multisectoriales y multifactoriales “, dijo Auerbach de TFAH.

“Crear las condiciones que permitan a las personas tomar decisiones saludables con mayor facilidad es fundamental para prevenir la obesidad, al igual que priorizar la inversión en las comunidades más afectadas por la crisis”, dijo Auerbach.

Recomendaciones para la acción política

El informe incluye 31 recomendaciones para la acción política del gobierno federal, estatal y local, en varios sectores, diseñado para mejorar el acceso a alimentos nutritivos y proporcionar oportunidades seguras para la actividad física, al tiempo que minimiza las tácticas perjudiciales de marketing y publicidad.

Entre las recomendaciones del informe para las políticas para abordar la crisis de obesidad están:

  • Ampliar el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) a los 6 años para niños y durante dos años después del parto para las madres y financiar completamente el Programa de Orientación de Pares de WIC para la lactancia materna.
  • Aumentar el precio de las bebidas azucaradas mediante impuestos especiales y utilizar los ingresos para abordar las disparidades socioeconómicas y de salud.
  • Asegurarse de que los CDC tengan los recursos suficientes para otorgar a cada estado fondos apropiados para implementar estrategias de prevención de la obesidad basadas en evidencia (actualmente, los CDC solo tienen fondos suficientes para trabajar con 16 estados).
  • Hacer que sea más difícil comercializar alimentos no saludables para los niños al poner fin a los vacíos fiscales federales y las deducciones de costos comerciales relacionados con la publicidad de dichos alimentos para el público joven.
  • Financiar completamente el programa de Apoyo al Estudiante y Enriquecimiento Académico y otros programas federales que apoyan la educación física del estudiante.
  • Fomentar la actividad física segura mediante la financiación de Rutas Seguras a las Escuelas (SRTS), Complete Streets, Vision Zero y otras iniciativas de seguridad para peatones a través de fondos federales de infraestructura y transporte.
  • Asegurar de que los programas contra el hambre y la asistencia nutricional, como el Programa de Nutrición Suplementaria (SNAP), WIC y otros, sigan las Pautas dietéticas para estadounidenses y hagan del acceso a alimentos nutritivos un principio básico del programa.
  • Fortalecer y expandir los programas de nutrición escolar más allá de los estándares federales para incluir comidas universales, desayunos flexibles y eliminar todo el mercadeo de alimentos poco saludables para los estudiantes.
  • Hacer cumplir las leyes existentes que ordenan a la mayoría de las aseguradoras de salud que cubran los servicios preventivos relacionados con la obesidad sin costo compartido para los pacientes.
  • Cubrir el manejo del programa integral del peso pediátrico basado en evidencia y servicios en Medicaid.

Tasas de obesidad adulta por estado, de mayor a menor:

1. (Empatados): Mississippi and Virginia Occidental (39.5%), Arkansas (37.1%), 4. Louisiana (36.8%), 5. Kentucky (36.6%), 6. Alabama (36.2%), 7. Iowa (35.3%), 8. Dakota del Norte (35.1%), 9. Missouri, (35.0%), 10. – Empatados: Oklahoma and Texas (34.8%), 12. – Empatados: Kansas and Tennessee (34.4%), 14.  Carolina del Sur (34.3 %), 15. – : Indiana and Nebraska (34.1%), 17. Ohio (34.0%), 18. Delaware (33.5%), 19 – Empatados: Michigan, Carolina del Norte (33.0), 21. Georgia (32.5%), 22. Nuevo Mexico (32.3%), 23. Wisconsin (32.0%), 24. Illinois (31.8%), 25. – Empatados: Maryland and Pennsylvania (30.9%), 27. Florida (30.7%), 28 – Empatados: Maine and Virginia (30.4%), 30. Empatados: Minnesota and Dakota del Sur (30.1%), 32. Oregon (29.9 %), 33. New Hampshire (29.6%), 34. Empatados: Alaska, Arizona and Nevada (29.5%), 37. Wyoming (29.0%), 38. Washington (28.7%), 39. Idaho (28.4%), 40. Utah (27.8%), 41. Rhode Island (27.7%), 42. Nueva York (27.6%), 43. Vermont (27.5%), 44. Connecticut (27.4%), 45. Montana (26.9%), 46. California (25.8%), 47. – Empatados: Massachusetts and Nueva Jersey (25.7%), 49. Hawaii (24.9%), 50. Districto de Columbia (24.7%), 51. Colorado (23.0%).

# # #

 

Trust for America’s Health es una organización sin fines de lucro y no partidista que promueve la salud óptima para cada persona y comunidad y hace de la prevención de enfermedades una prioridad nacional. WWW.tfah.org

 

Half of States Scored 5 or Lower Out of 10 Indicators in Report on Health Emergency Preparedness

Report Finds Funding to Support Base Level of Preparedness Cut More than Half Since 2002

 

Washington, D.C., December 19, 2017 – In Ready or Not? Protecting the Public’s Health from Diseases, Disasters and Bioterrorism, 25 states scored a 5 or lower on 10 key indicators of public health preparedness. Alaska scored lowest at 2 out of 10, and Massachusetts and Rhode Island scored the highest at 9 out of 10.

The report, issued today by the Trust for America’s Health (TFAH), found the country does not invest enough to maintain strong, basic core capabilities for health security readiness and, instead, is in a continued state of inefficiently reacting with federal emergency supplemental funding packages each time a disaster strikes.

According to Ready or Not?, federal funding to support the base level of preparedness has been cut by more than half since 2002, which has eroded advancements and reduced the country’s capabilities.

“While we’ve seen great public health preparedness advances, often at the state and community level, progress is continually stilted, halted and uneven,” said John Auerbach, president and CEO of TFAH.  “As a nation, we—year after year—fail to fully support public health and preparedness. If we don’t improve our baseline funding and capabilities, we’ll continue to be caught completely off-guard when hurricanes, wildfires and infectious disease outbreaks hit.”

Ready or Not? features six expert commentaries from public health officials who share perspectives on and experiences from the historic hurricanes, wildfires and other events of 2017, including from California, Florida, Louisiana and Texas.

The report also examines the nation’s ability to respond to public health emergencies, tracks progress and vulnerabilities, and includes a review of state and federal public health preparedness policies. Some key findings include:

  • Just 19 states and Washington, D.C. increased or maintained funding for public health from Fiscal Year (FY) 2015-2016 to FY 2016-2017.
  • The primary source for state and local preparedness for health emergencies has been cut by about one-third (from $940 million in FY 2002 to $667 million in FY 2017) and hospital emergency preparedness funds have been cut in half ($514 million in FY 2003 to $254 million in FY 2017).
  • In 20 states and Washington, D.C. 70 percent or more of hospitals reported meeting Antibiotic Stewardship Program core elements in 2016.
  • Just 20 states vaccinated at least half of their population (ages 6 months and older) for the seasonal flu from Fall 2016 to Spring 2017—and no state was above 56 percent.
  • 47 state labs and Washington, D.C. provided biosafety training and/or provided information about biosafety training courses (July 1, 2016 to June 30, 2017).

The Ready or Not? report provides a series of recommendations that address many of the major gaps in emergency health preparedness, including:

  • Communities should maintain a key set of foundational capabilities and focus on performance outcomes in exchange for increased flexibility and reduced bureaucracy.
  • Ensuring stable, sufficient health emergency preparedness funding to maintain a standing set of core capabilities so they are ready when needed. In addition, a complementary Public Health Emergency Fund is needed to provide immediate surge funding for specific action for major emerging threats.
  • Strengthening and maintaining consistent support for global health security as an effective strategy for preventing and controlling health crises. Germs know no borders.
  • Innovating and modernizing infrastructure needs – including a more focused investment strategy to support science and technology upgrades that leverage recent breakthroughs and hold the promise of transforming the nation’s ability to promptly detect and contain disease outbreaks and respond to other health emergencies.
  • Recruiting and training a next generation public health workforce with expert scientific abilities to harness and use technological advances along with critical thinking and management skills to serve as Chief Health Strategist for a community.
  • Reconsidering health system preparedness for new threats and mass outbreaks.  Develop stronger coalitions and partnerships among providers, hospitals and healthcare facilities, insurance providers, pharmaceutical and health equipment businesses, emergency management and public health agencies.
  • Preventing the negative health consequences of climate change and weather-related threats. It is essential to build the capacity to anticipate, plan for and respond to climate-related events.
  • Prioritizing efforts to address one of the most serious threats to human health by expanding efforts to stop superbugs and antibiotic resistance. 
  • Improving rates of vaccinations for children and adults – which are one of the most effective public health tools against many infectious diseases.
  • Supporting a culture of resilience so all communities are better prepared to cope with and recover from emergencies, particularly focusing on those who are most vulnerable.   Sometimes the aftermath of an emergency situation may be more harmful than the initial event.  This must also include support for local organizations and small businesses to prepare for and to respond to emergencies.

The report was supported by a grant from the Robert Wood Johnson Foundation (RWJF).

Score Summary: 

A full list of all of the indicators and scores and the full report are available on TFAH’s website.  For the state-by-state scoring, states received one point for achieving an indicator or zero points if they did not achieve the indicator.  Zero is the lowest possible overall score, 10 is the highest.  The data for the indicators are from publicly available sources or were provided from public officials.

9 out of 10: Massachusetts and Rhode Island

8 out of 10: Delaware, North Carolina and Virginia

7 out of 10: Arizona, Colorado, Connecticut, Hawaii, Minnesota, New York, Oregon and Washington

6 out of 10: California, District of Columbia, Florida, Illinois, Maryland, Nebraska, New Jersey, North Dakota, South Carolina, South Dakota, Utah, Vermont and West Virginia

5 out of 10: Georgia, Idaho, Maine, Mississippi, Montana and Tennessee

4 out of 10: Alabama, Arkansas, Iowa, Louisiana, Missouri, New Hampshire, Oklahoma and Pennsylvania

3 out of 10: Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Nevada, New Mexico, Ohio, Texas, Wisconsin and Wyoming

2 out of 10: Alaska

 Trust for America’s Health is a non-profit, non-partisan organization dedicated to saving lives by protecting the health of every community and working to make disease prevention a national priority.

 ###

Peoria’s Efforts to Prevent and Respond to Childhood Lead Exposure

Background

In the early- to mid-2000s, Illinois had an estimated 81,000 children with elevated blood lead levels, among the highest in the nation. Several sources of lead exposure can impact children, but windows have the highest levels of lead paint and lead dust compared to any other building component.

Using a unique state-financed bond, the Comprehensive Lead Education, Reduction, and Window Replacement Program (Clear-Win) was enacted in 2007 to prevent poisonings and improve children’s health. Illinois declared that the primary purpose was “to assist residential property owners to reduce lead paint hazards through window replacement in pilot communities.” The program provides grants and loans for low-income properties to participate in a window replacement program. Clear-Win also fixes additional lead-based paint hazards and allows for other minor repairs.

The pilot was conducted in Peoria and in the Englewood and West Englewood neighborhoods of Chicago, communities selected by the state legislature that encompass rural and urban settings and, along with high rates of childhood lead poisoning, had a large quantity of homes built before 1940.

In addition to the program’s health and environmental benefits, it was also designed to support the state’s economy by training workers in lead-safe work practices and carpentry skills and creating market opportunities for Illinois window manufacturers, assemblers, and installers.

Clear-Win Program

The Illinois Department of Public Health administers the program in Peoria in partnership with:

  • The Peoria City/County Health Department is responsible for operating the program;
  • Two Illinois-based window manufacturers supply the replacement windows at a low bulk purchase price; and
  • Building contractors perform the installations.

A certified third party performs clearance testing on all projects by dust wipe sampling to make sure that cleanup has been done properly. If the dust levels are still too high, the contractor has to re-clean until reaching compliance.

Besides Clear-Win, the Peoria City/County Health Department has worked for more than 10 years to eliminate lead poisoning in children in recognition of the fact that three Peoria ZIP codes ranked in the top 10 urban ZIP codes in Illinois for the rate of elevated lead levels in children under age six.

One tool used by the Health Department is funding from the Department of Housing and Urban Development to create the Lead Hazard Control Program, which provides grants in targeted Peoria ZIP codes for lead mitigation in pre-1978 homes. Once children with lead poisoning are identified and the source is confirmed as household exposure, the grant helps to relocate families to lead-safe homes temporarily while lead hazards are removed.

Between January and August 2016, the lead-abatement program, currently funded by a three-year, $3 million federal grant, has helped the county clean up roughly 47 homes–with more than 700 made lead-safe over the past decade.

The Peoria City/County Health Department also has focused on educating families about the importance of lead testing, highlighting the need for children to be tested for lead poisoning at 9-12 months of age and again at 18-24 months of age.

Results

A recent study of 96 of the more than 400 households served by Clear-Win, including 49 in Peoria, that participated in the original Clear-Win initiative found that average lead dust declined by 44 percent and that, one year later, the levels remained substantially below what they were before the window replacements. Both children and adults pointed to health improvements, including fewer headaches, ear infections, and respiratory allergies for children and fewer cases of sinusitis and hay fever among adults.

Economic benefits were estimated at $5,912,219 compared with a cost of $3,451,841, resulting in a net monetary benefit of $2,460,378. A related evaluation shows that this includes energy saving benefits of $1.5 million, additional market value benefits of nearly $1.57 million, lead poisoning prevention health benefits of nearly $3.6 million, and tax benefits from job creation of $51,000.

___________________________________________________

In August, 2017, the Health Impact Project, a collaboration between the Robert Wood Johnson Foundation (RWJF) and Pew Charitable Trusts released: Ten Policies to Prevent and Respond to Childhood Lead Exposure. The Trust for America’s Health (TFAH), National Center for Healthy Housing (NCHH), Urban Institute, Altarum Institute, Child Trends and many researchers and partners contributed to the report. TFAH and NCHH worked with Pew, RWJF and local advocates and officials to put together the above case study about lead poisoning and prevention initiatives.

The case study does not attempt to capture everything a location is doing on lead, but aims to highlight some of the important work.

Health Leads

Health Leads, operated by lay resource specialists and college student volunteers, is a collaborative comprised of partner hospitals, health systems, community health centers, and Federally Qualified Health Centers (FQHCs) working together to integrate basic resources such as access to food, heat, and other necessities into health care delivery. Operating via clinical settings since 1996, this initiative enables providers to prescribe solutions to patients helping them manage their disease and lives. The impact of Health Leads is two-fold. The program expands clinics’ capacity to secure nonmedical resources for patients— in 2013, 92 percent of patients identified that Health Leads helped them secure at least one resource they needed to be healthy. Additionally, Health Leads is producing a pipeline of new leaders—in 2013, nearly 70 percent of Health Leads graduates entered jobs or graduate study in the fields of health or poverty. Health Leads sustainability model utilizes earned revenue, national and local philanthropy, and in-kind contributions from volunteers and health care partners to fund its operation. To read more about this innovative program, see this brief summary [link].

CommunityRX: Connecting Health Care to Self-Care

CommunityRX is a new, patient-centered health information technology system that transforms the quality of information about and access to self-care resources, especially in lower-income communities. Through this technology, patients are provided with a personalized HealtheRX referral list for self-care resources to access once they leave the clinical setting. To date, more than 950+ health care professionals have been trained to deliver HealtheRx to over 45,000 patients; 20 clinical sites have implemented this technology; and more than 250 Chicago Public School students and 100 science-oriented college students are employed by CommunityRX to map the health assets in the community. CommunityRX was developed in 2012 and is funded by a Centers for Medicare & Medicaid Services Innovation Award. To read more about this innovative program, see this brief summary [link].

Improving the Health of Communities by Increasing Access to Affordable, Locally Grown Foods

BY MICHEL NISCHAN, CEO and Founder, Wholesome Wave

When my son was diagnosed with type 1 diabetes, I became painfully aware of the direct connection between food and health. As a chef, this realization caused me to transform the way I fed my family and customers. Fresh, nutrient-dense, locally grown foods became the foundation for the type of diet that would give my son and restaurant guests the best long-term health.

Quickly, though, I recognized that not every family can afford to purchase healthy foods. As a result, I founded Wholesome Wave in 2007.

Wholesome Wave is a 501(c)(3) nonprofit dedicated to making healthy, locally and regionally grown food affordable to everyone, regardless of income. We work collaboratively with underserved communities, nonprofits, farmers, farmers’ markets, healthcare providers, and government entities to form networks that improve health, increase fruit and vegetable consumption and generate revenue for small and mid-sized farms.

Double Value Coupon Program

In 2008, we launched the Double Value Coupon Program (DVCP), a network of more than 50 nutrition incentive programs operated at 305 farmers markets in 24 states and DC. The program provides customers with a monetary incentive when they spend their federal nutrition benefits at participating farmers markets. The incentive matches the amount spent and can be used to purchase healthy, fresh, locally grown fruits and vegetables.

Farmers and farmers’ markets benefit from this approach, and have been key allies as we work towards federal and local policy change.  In 2013, federal nutrition benefits and DVCP incentives accounted for $2.45 million in sales at farmers’ markets.

Communities also see an increase in economic activity.  The $2.45 million spent at local farmers’ markets creates a significant ripple effect. In addition to the dollars spent at markets, almost one-third of DVCP consumers said they planned to spend an average of nearly $30 at nearby businesses on market day, resulting in more than $1 million spent at local businesses. We also see that the demographics of market participants are more diverse – our approach breaks down social barriers and allows consumers who receive federal benefits to be seen as critical participants in local economies.

Equally as important, people are eating healthier. Our 2011 Diet and Behavior Shopping Study indicated 90 percent of DVCP consumers increased or greatly increased their consumption of fresh fruit and vegetables – a behavior change that continues well after market season ends.

Today, the program reaches more than 35,800 participants and their families and impacts more than 3,500 farmers. Combined with the new Food Insecurity Nutrition Incentives Program in the latest Farm Bill, this approach is now being scaled up with $100 million allocated for nutrition incentives over five years.

Fruit and Vegetable Prescription Program

We developed the Fruit and Vegetable Prescription Program (FVRx) to measure health outcomes linked to fruit and vegetable consumption. The four to six month program is designed to provide assistance to overweight and obese children who are affected by diet-related diseases such as type 2 diabetes. In 2013, the program impacted 1,288 children and adults in 5 states and DC. Nearly two-thirds of the participants are enrolled in SNAP and roughly a quarter receive WIC benefits.

The model works within the normal doctor-patient relationship.  During the visit, the doctor writes a prescription for produce that the patient’s family can redeem at participating farmers’ markets. The prescription includes at least one serving of produce per day for each patient and each family member – i.e., a family of four would receive $28 per week to spend on produce. In addition to the prescription, there are follow-up monthly meetings with the practitioner and a nutritionist to provide guidance and support for healthy eating, and to measure fruit and vegetable consumption.  Other medical follow-ups are performed, including tracking body mass index (BMI).

FVRx improves the health of participants. Forty-two percent of child participants saw a decrease in their BMI and 55 percent of participants increased their fruit and vegetable consumption by an average of two cups. In addition, families reported a significant increase in household food security.

Each dollar invested in the program provides healthier foods for participants, boosts income for small and mid-sized farms and supports the overall health of the community. As with the DVCP, there are benefits for producers and communities.  In 2012 alone, FVRx brought in $120,000 in additional revenue for the 26 participating markets.

In less than seven years, Wholesome Wave has extended its reach to 25 states and DC and is working with more than 60 community-based organizations, community healthcare centers in six states, two hospital systems, and many others. Our work proves that increasing access to affordable healthy food is a powerful social equalizer, health improver, economic driver and community builder.

Wholesome Wave is working to change the world we eat in. As the number of on-the-ground partners increases, we get closer to a more equitable food system for everyone.  This means healthier citizens and communities, and a more vibrant economy nationwide.